Picetti insiste con asumir su banca y amenaza con volver al recinto en la próxima sesión

Tras su intempestiva aparición en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, la excandidata Joanna Picetti presentó una nota exigiéndole a Emilio Monzó que convoque a una sesión “urgente” para tratar su incorporación. Ingresó al Congreso acompañada por un agente de seguridad.

Joanna Picetti en el Congreso el pasado 1º de marzo.

El escándalo que tiene como protagonista a Joanna Picetti sumó un nuevo capítulo. Tras su intempestiva aparición en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, donde interrumpió el discurso del presidente Mauricio Macri, la excandidata exigió al titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, que convoque a una sesión especial “urgente” con el fin de tratar su incorporación, y amenazó con volver al recinto en la próxima sesión.

Picetti ingresó al Congreso este miércoles acompañada por un agente de seguridad y presentó en Mesa de Entradas de la Cámara baja una nota firmada como “diputada electa”, donde reiteró el pedido para que su caso se trate en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y a su vez se llame a una sesión especial, que en rigor debe ser solicitada por diputados en ejercicio.

La excandidata de Vamos Juntos denunció que las autoridades de Diputados “no la recibieron” y que en la oficina de Mesa de Entradas, ubicada en el segundo piso, le respondieron que como el caso está judicializado -se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia-, no pueden recibir sus presentaciones en calidad de diputada.

“La próxima sesión me tienen acá. Y si no hay banca, me pongo una sillita plegable”, disparó Picetti ante parlamentario.com, luego de haber ingresado al recinto el viernes pasado en medio de un escándalo, que terminó con una denuncia judicial por parte de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Picetti ocupó el octavo lugar de la lista de candidatos de Vamos Juntos –denominación que adoptó Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires-, pero recibió una serie de impugnaciones por una vieja denuncia de maltrato familiar. La jueza María Servini de Cubría hizo lugar a esos planteos y la Cámara Nacional Electoral finalmente excluyó a Picetti, pero su nombre figuró en la boleta porque el fallo se produjo pocos días antes de la elección.

“Mi banca está siendo ocupada injustamente”, advirtió la dirigente en diálogo con la prensa acreditada, y agregó: “El Congreso me dice que el tema le compete al Poder Judicial, y el Poder Judicial me dice que le compete al Congreso, entonces yo voy a los dos lugares. En la Corte estoy esperando un fallo, y en el Congreso vengo como diputada a exigir que se haga una sesión urgente para que se trate este tema”.

En la nota presentada este miércoles, Picetti apuntó a la “inacción del Poder Legislativo”. “Hace ya dos años estoy exigiendo que se cumpla con la Constitución Nacional y la soberanía del pueblo”, planteó, y le espetó a Monzó: “Este hecho de inacción y omisión bajo su responsabilidad (…) está faltando a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que han votado en las últimas elecciones legislativas del año 2017”.

“Usted no está cumpliendo su responsabilidad de respetar la Constitución Nacional”, le endilgó Picetti al presidente de la Cámara de Diputados, y adjuntó a la nota las actas de escribano público donde consta que se presentó a jurar en el cargo el 6 de diciembre de 2017, pero fue impedida de hacerlo. En su lugar asumió Jorge Enriquez.

“A pesar de no haber sentencia firme que me impidiera jurar y asumir el cargo electoral que me corresponde, se me ha impedido con violencia e intimidación ingresar al recinto, donde bajo su orden, abusando de su poder y con la violencia institucional de las fuerzas de seguridad, el personal de seguridad me echó del Congreso”, acusó.

Por último, insistió en que “se están violando y vulnerando los derechos de los electores y se ha incumplido la Constitución Nacional poniendo en juego la soberanía del pueblo y la expresión de su voluntad”.

Por lo sucedido el 1º de marzo, Michetti denunció a Picetti por los supuestos delitos de resistencia o desobediencia a funcionario público y perturbaciones al ejercicio de la función pública, y la causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. La excandidata es patrocinada por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

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