La diputada nacional por el FPV Chaco, Lucila Masin, presentó un proyecto de ley para modificar la ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Busca generar políticas inclusivas para que las mujeres con discapacidad y de pueblos originarios cuenten con plataformas inclusivas para denunciar las violencias de género. De aprobarse, quienes trabajen en ámbitos culturales, recreativos y deportivos también tendrán la exigencia de denunciar.
El proyecto propone “asegurar el acceso a la información y beneficios de las políticas, programas y planes” tendientes a erradicar las violencias de género, mediante la elaboración de guías en braille y de fácil lectura para mujeres con discapacidad visual. También se busca garantizar el acceso a derechos a las mujeres con discapacidad auditiva, para que puedan acceder a la línea gratuita de denuncias (144 en todo el país) a través de plataformas de texto.
Además de los dispositivos técnicos de inclusión, dispone que las mujeres con discapacidad puedan acceder a traductores y traductoras en lengua de señas argentina (LSA), ayudas para la movilidad y acceso a nuevas tecnologías de la comunicación. Podrá denunciar la víctima, familiares o vecinos como establece actualmente la ley; pero también contempla la figura de quien ejerce la curatela de la mujer con discapacidad como persona habilitada para denunciar.
De esta manera, se incorpora la perspectiva de la discapacidad a la ley nacional vigente, en cumplimiento con los pactos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde 2014.
En el caso de las mujeres de comunidades indígenas, el proyecto plantea garantizar el acceso a la información y a los servicios de atención específica a través de intérpretes de lenguas originarias, en todo el país.
“Este es uno de los postulados de la interseccionalidad, las mujeres sufrimos violencias de género en distintos ámbitos por el solo hecho de ser mujeres pero esas desigualdades se profundizan por cuestiones de clase, etnia, diversidad sexual o discapacidad. Las mujeres pobres, originarias o con una discapacidad sufren doble opresión porque les cuesta más acceder a los mecanismos de la justicia” señaló la legisladora Lucila Masin.
Otra de las modificaciones que postula el proyecto, es que la obligación de denunciar situaciones de violencia a personas que trabajen en centros asistenciales, sociales, educativos y de salud se ampliará a quienes se desempeñen en ámbitos culturales, deportivos y recreativos.
