Oficialismo y oposición resolvieron posponer el tratamiento del dictamen en el recinto para terminar de pulir la redacción y definir la suerte de algunos cambios sugeridos tanto por senadores como por diputados.
La decisión se tomó este martes por la tarde en una reunión de Labor Parlamentaria, luego de que el tema volviera a ser discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el catamarqueño Dalmacio Mera (Justicialista).
El dictamen del proyecto fue firmado en noviembre pasado en un plenario con Justicia y Presupuesto, pero posteriormente se propusieron cambios que serán evaluados antes de la votación en el recinto.
En el Senado, los jefes de bloque coincidieron en la necesidad de que la Cámara baja vote el texto sin modificaciones, para evitar que el proyecto vuelva en segunda revisión. Por eso, en los próximos días aceitarán el diálogo con los diputados.
“Encarar una campaña como la que se presenta sin una nueva ley marco nos pone a todos ante una gravísima situación. Esta dilación no es buena, va a traer complicaciones. No se trata de una deuda, sino ya de un peligro”, apuró Ernesto Martínez, del Frente Cívico cordobés, durante la reunión de Asuntos Constitucionales.
El proyecto habilita los aportes de personas físicas y jurídicas con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña, aunque ese techo podría bajarse al 2%. También se obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, una medida para transparentar las donaciones luego del escándalo de los “cuadernos de la corrupción”.
El chubutense Alfredo Luenzo propuso incorporar una regulación sobre publicidad en las redes sociales para “tener una ley ajustada a los tiempos que corren”. En paralelo, la Comisión de Banca de la Mujer sugirió que, de los fondos que reciben los partidos en concepto de capacitación, el 30% sea destinado al financiamiento de la formación política de todas las mujeres dentro del partido.
Otras propuestas, provenientes de diputados, tienen que ver con modificar la cantidad de días de campaña y ampliar el universo de aportantes prohibidos. Entre ellos se encuentran los sindicatos, que con la legislación actual no pueden realizar donaciones a las campañas, y tampoco podrán hacerlo con la nueva norma.
“El Congreso no puede hacer oídos sordos y debe enfrentar los hechos de corrupción que atraviesan el financiamiento de la política. Eludir este tema y no transparentar los aportes nos llevaría al peor de los escenarios, que es la infiltración del narcotráfico en la política”, enfatizó Mera.