Se trata de la iniciativa para bancarizar los aportes de campaña -tras el escándalo de los “cuadernos de la corrupción”- y permitir a las personas jurídicas realizar donaciones a los partidos, con un tope del 5% de los gastos autorizados, que dependiendo del resultado de las negociaciones podría bajar al 2%.
Si bien oficialismo y oposición acuerdan en la necesidad de avanzar con la ley este año, para ponerla en práctica en este turno electoral, hasta este martes restaba definir el destino de una serie de cambios propuestos desde distintos bloques.
Las negociaciones son encabezadas por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el catamarqueño Dalmacio Mera (Justicialista), que la semana pasada propuso postergar el debate en el recinto para terminar de acordar el texto final y evitar que Diputados realice modificaciones.
El dictamen del proyecto fue firmado en noviembre pasado en un plenario con Justicia y Presupuesto, pero no se lograron los consensos para avanzar en las sesiones extraordinarias de diciembre.
En los últimos días, el senador chubutense Alfredo Luenzo sugirió incorporar una regulación sobre publicidad electoral en las redes sociales; y por otra parte, la Comisión de Banca de la Mujer propuso que, de los fondos que reciben los partidos en concepto de capacitación, el 30% sea destinado a la formación política de todas las mujeres dentro del partido.