“Tanto la forma en que fue llevado a cabo el procedimiento, como la divulgación de la fotografía y video, no condice con el modo en que deben ser tratados los niños y adolescentes en nuestra provincia y nuestro país, según lo establecido por la legislación vigente. Se trata de niños que son inimputables y a los que finalmente se les ‘secuestró’ un arma de juguete y una ganzúa” afirmó la defensora general, Alicia Alcalá.
En el oficio librado fueron recordadas las disposiciones de los artículos 3, 37 (apartados “a” y “c”) y 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño; los puntos 54 y 58 de las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y la obligatoria aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de NNA prevista en la ley 2086-C (antes ley 7162).
