La resolución, que difunde CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada este miércoles 4 de abril y lleva la firma de la camarista María Delfina Denogens.
En primer término, la camarista citó jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que señala que las decisiones que rechazan planteos de recusación, en principio, no cumplen con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación “ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
Vale recordar que la jueza Denogens ya había rechazado la recusación de Fischer contra la jueza federal que instruye la causa Lavado II, Zunilda Niremperger –al igual que lo hizo, hace pocos días atrás, con un planteo similar de la diputada de Cambiemos, Aída Ayala-, por considerar que su par había brindado “explicaciones suficientes ante cada uno de los cuestionamientos vertidos por el recusante”.
Y también consideró que no era “objetiva” la animosidad denunciada al ponderar que “los distintos actos procesales han sido llevados adelante dentro de los parámetros normativos vigentes y con el correspondiente contralor de las distintas instancias”.
Así, la integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia sostuvo que las apreciaciones de la defensa de Fischer “sólo reflejan su discrepancia con los fundamentos expuestos en la resolución en crisis, alegando en su presentación la existencia de un supuesto de presunta gravedad institucional que no se advierte, pretendiendo generar un nuevo examen crítico de los sucesos que constituyen el objeto del proceso, lo que implicaría, en la hipótesis que aquellas pretensiones tuviesen una recepción favorable, convertir a la instancia de casación en otra instancia ordinaria de apelación y soslayar el carácter limitado, extraordinario y excepcional que tiene la impugnación deducida”.
Fischer, exapoderado de la Fundación Construir –una “think tank” del radicalismo-, exjefe de campaña de la actual diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, y vinculado a algunas de las empresas beneficiarias sobre las que puso la lupa la justicia federal, estuvo detenido desde el 20 de marzo de 2018 hasta el pasado 8 de marzo en que fue beneficiado con la excarcelación.
Se encuentra con procesamiento firme por el presunto delito de lavado de activos agravado por habitualidad en el marco de la causa conocida como Lavado II en la que se investiga el desvío de fondos municipales orientados a empresas de personas allegadas a Ayala, quién también se encuentra procesada como presunta jefa de la banda.
