La Cámara de Diputados arrancará este martes, desde las 9.30, las audiencias públicas de debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda, que se realizará en el segundo piso del Anexo “C”.
Aunque en la primera jornada se esperaba contar con la presencia del coordinador general del programa “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, no asistiría en esta ocasión. Sí lo harán representantes del Ministerio de Justicia.
Los diputados acordaron días atrás llevar a cabo entre ocho y nueve audiencias, ordenadas por temáticas, que se realizarán los martes y jueves. Se trata de escuchar a la mayor cantidad de voces, en una metodología similar a la utilizada el año pasado durante la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto del Ejecutivo propone la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. Además, establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
El texto indica que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”; y el máximo de cárcel será de 15 años y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Además se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, en centros abiertos y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
Por otra parte, uno de los artículos establece que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
También se prevén sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
