En ese sentido, las legisladoras quieren saber sobre las adquisiciones realizadas de éste medicamento, fecha, cantidad, tipo de presentación del mismo, desglosado por período, desde el año 2015 a la fecha. También sobre el criterio de distribución a los hospitales y centros de salud, el mecanismo de control del suministro a las pacientes, seguimiento del tratamiento y/o efectos.
Además, pretenden conocer si existen estadísticas de los abortos producidos por la utilización de éste medicamento, si existen estadísticas de asistencia al control, en caso del tratamiento ambulatorio con la medicación, dentro de los 7 a 14 días posteriores al suministro, si existen estadísticas de edad de las pacientes tratadas con éste medicamento, cómo funcionan las Consejerías previstas en el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, lugar físico, cantidad de integrantes, profesionales afectados, desglosada en incumbencia profesional de cada uno, cantidad de Consejerías existentes en el territorio provincial.
Por último, también buscan saber qué relación institucional existe entre el Ministerio de Salud Pública con la red de acceso al aborto seguro (REDAAS), creada en el año 2014, atento a que esta red aparecería como proponiendo actividades de capacitación a los profesionales de la Provincia.