El proyecto había sido presentado por la ex diputada (FpV) Diana Conti, y había avanzado hasta su media sanción en aquella cámara hace un año y medio, en septiembre de 2017.
La nueva ley define a la “violencia contra las mujeres en el espacio público” como “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo”.
Por otro lado, la ley indica que el Instituto Nacional de la Mujer deberá abrir una línea gratuita, articulada con las provincias, que pueda ser utilizada como contención, información y asistencia a las mujeres víctimas de acoso. Además, la ley ordena a las fuerzas de seguridad a “actuar en protección” de las víctimas.