El Gobierno nacional anunció que sacará por decreto una nueva ley de Lealtad Comercial

En el paquete de medidas que el Gobierno nacional anunció este miércoles, apremiado por la situación económica, informó que impulsará una nueva ley de Lealtad Comercial, pero no habló de un proyecto sino de un decreto. El ministro de Producción y trabajo, Dante Sica, informó que recurrirá a esa vía con el objetivo de “evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas”.

Sica y Dujovne. Otra vez el gobierno de Cambiemos elude al Congreso.

“El Gobierno va a aprobar por decreto un nuevo régimen de Lealtad Comercial, cuyo objetivo principal es evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas”, reza el texto en el apartado de “precios y consumo” del documento que dio a conocer Casa Rosada.

En ese sentido, Sica confirmó que “para mejorar la competencia y fortalecer el mercado interno estamos sacando un DNU donde estamos poniendo en marcha la ley de lealtad comercial” que le dará “mucha más transparencia al mercado”, afirmó.

El funcionario recordó que el Ejecutivo ya completó la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia y se está “trabajando en el nombramiento de las nuevas autoridades”, y lo calificó como “un instrumento muy importante”. Pero explicó que “con lealtad comercial vamos a poder trabajar igualando la cancha, en especial por las prácticas desleales de comercio entre las pequeñas y grandes empresas”.

“Es una ley que nos da instrumentos muy fuertes para poder actuar en materia de lealtad comercial”, agregó y también se refirió a una modificación en la Ley de Defensa del Consumidor para favorecer el trámite de denuncias.

Asimismo, se afirma que “la medida refuerza la política del Gobierno de estos años de fortalecer la defensa del consumidor y de la competencia y la lucha contra posiciones dominantes, la formación de carteles y la consolidación de monopolios”.

Y destaca la sanción de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, en mayo de 2018, que le dio “más autoridad a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para controlar y sancionar conductas anticompetitivas”.

 

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