“Bajar la edad de punibilidad comprometería internacionalmente al estado argentino”

Este martes el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación (DGN), Damián Muñoz, participó del debate sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que se llevó a cabo en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo presentó en marzo un proyecto de ley penal juvenil que, entre otros puntos, propone bajar la edad de mínima de responsabilidad penal de 16 a 15 años. Muñoz expuso en el marco de la tercera audiencia que se realiza en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); Familia, a cargo de Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), y Presupuesto, encabezada por Luciano Laspina (PRO).

El magistrado expresó la postura institucional de la DGN y esbozó en dos ejes su rechazo a la baja de la edad de punibilidad que propone el proyecto del poder ejecutivo. “Es importante destacar que existe una imposibilidad normativa para aprobar esta ley, que podría traer consecuencias a nivel internacional para el Estado argentino”, destacó. “A la vez, no existen datos empíricos sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, y esto es incluso reconocido por los propios presentadores del proyecto oficial”, sostuvo.

El defensor oficial explicó que el Estado argentino se encuentra incluido en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y “eso condiciona a los poderes del Estado y a todos los operadores estatales, porque tenemos que realizar conductas públicas conforme a esos estándares internacionales. Cada uno de nosotros tiene que apoyar y votar leyes que sean acordes a esos principios porque de lo contrario se genera responsabilidad internacional”, aseguró.

El magistrado recordó el fallo “Mendoza y otros vs. Argentina”, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció la responsabilidad de Argentina por la vigencia del Decreto Ley Nº 22.278 de la dictadura militar y ordenó sancionar una nueva ley. También hizo mención del pronunciamiento de 2018 del Comité de los Derechos del Niño. “Éste órgano especializado en supervisar la vigencia de la Convención de los derechos del niño pidió que se modifique la ley de acuerdo a los estándares internacionales, y pidió que no se endurezcan las penas ni se baje la edad de punibilidad. Por eso creo que el cambio propuesto no resiste el menor análisis. Es verdaderamente paradójico, absurdo, intentar saldar una deuda de la democracia generando una nueva responsabilidad internacional. Es preocupante la lógica argumental de los planteos a favor de la baja”, opinó.

Por otro lado, Muñoz subrayó que no existen estadísticas que demuestren fehacientemente la participación de personas menores de edad en los delitos. “En las mesas de debate que se realizaron durante 2017 se señaló que no había estadísticas. Pasaron dos años y siguen sin existir. ¿Está en peligro la paz social por los adolescentes de 15 años? ¿En qué se funda? ¿Qué cantidad de delitos se producen? ¿Qué tipo de delitos? Si consideran que hay una emergencia social, que hay una urgencia, deberían demostrarlo”, afirmó.

“Además”, insistió, “en relación con el tratamiento de los no punibles consideramos que el proyecto es discrecional, que empeora estándares de las provincias, que afecta el federalismo, y consideramos que una ley estratégica federal debería establecer algunos estándares genéricos para que después cada provincia regule su situación procedimental particular de acuerdo a esos principios”.

“En síntesis, consideramos que una ley penal juvenil que baja la edad de punibilidad no satisface estándares internacionales, que genera más responsabilidad internacional, que no hay estadísticas serias que sostengan la necesidad de modificar de esta forma la ley y nos preocupa mucho el tratamiento que se les da a los no punibles”, finalizó el defensor oficial en su rechazo al proyecto.

Junto a Muñoz participaron de la audiencia Luis Pedernera, comisionado del Comité de Derechos del Niño de la ONU; y Hernán Monath, especialista en protección de derechos de UNICEF; entre más de 50 especialistas y representantes de organismos defensores de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Las audiencias en torno al nuevo Régimen Penal Juvenil se desarrollan los martes, desde las 10 y hasta las 17 y los jueves, desde las 9 y hasta las 13 y se extenderán hasta fines de abril.

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