La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley un proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que prevé la creación de mesas de intercambio de información entre la justicia federal, la justicia provincial y la Procuraduría de Narcocriminalidad para articular las investigaciones de narcomenudeo y narcotráfico en los casos de las provincias que hayan optado por adherirse a la desfederalización del narcomenudeo. La ley implica un avance para continuar con las pesquisas sobre estos delitos hasta identificar a todos los eslabones de la cadena delictiva a través de la coordinación entre los organismos nacionales y provinciales.

    El objetivo primordial radica en la necesidad de dar un salto cualitativo en lo que respecta al combate contra estos delitos ya que si bien la desfederalización constituyó una herramienta útil para recuperar territorios tomados por el narcotráfico, la realidad actual demuestra que es indispensable neutralizar las megaestructuras con las que cuenta el narcotráfico. Esto significa que, aún en casos de narcomenudeo, cuando se cuente con la posibilidad de llegar hasta los eslabones más altos de las organizaciones criminales y obtener resultados cualitativamente mayores, es necesario que la competencia sea directamente asumida por el fuero federal.

    La ley tuvo su origen en noviembre de 2017 cuando el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, elevó el proyecto que establece que –sin perjuicio de la opción de desfederalización prevista en la Ley N° 26.052 sancionada en el año 2005- la justicia federal se aboque a una causa cuando existiera identidad de persona y de hecho. Para ello, se crea una mesa de intercambio de información y de criterios de política criminal integrada por jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Procuraduría de Narcocriminalidad, fiscales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y/o jueces provinciales que tengan a su cargo investigaciones por infracción a la Ley 23.737.

    La relevancia del proyecto aprobado radica en la posibilidad de seguir adelante con las investigaciones sobre estos delitos más allá de que se trate de una actividad de narcomenudeo, la cual podrá ser ahora la punta misma de una investigación para dar con una red criminal de narcotráfico de mayor envergadura.

    El proyecto, tras ser elevado desde el Poder Ejecutivo ante el Senado en noviembre de 2017, obtuvo, primeramente, dictamen favorable en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y en la de Justicia y Asuntos Penales el pasado 10 de octubre de 2018 para luego aprobarse la media sanción el 12 de diciembre de 2018. Tras ser enviada a revisión a la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen favorable en abril de 2019 en las Comisiones de Seguridad Interior y de Legislación Penal.

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