El proyecto, que lleva la firma de la diputada por el Chaco y su par Martín Doñate, lleva el nº 488 e ingresó a la Cámara Baja en marzo de 2018. Según reveló Masín en el recinto, el proyecto tiene cabecera en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside el diputado Martín Maquieyra (La Pampa), y que no se reúne desde hace más de un año.
La iniciativa propone instituir el marco regulatorio del otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad (mal llamadas “por invalidez”) basado en el principio de la autonomía, toma de decisiones e independencia personal de las personas con discapacidad y en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobado por Ley 26.378/2008 con rango de jerarquía constitucional otorgado por Ley 27.044/2014.
El proyecto impulsa, además, que las pensiones no contributivas por discapacidad sean administradas por la ANSES y no por la Agencia Nacional de Discapacidad (que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación) de donde pasó a depender luego de que el gobierno nacional la retirara del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
“Necesitamos una nueva norma para garantizar el derecho de las personas con discapacidad para acceder a una pensión no contributiva, fundamentalmente para resguardarlas de antiguos decretos, que elaborados antes de la existencia de la Convención, hoy resultan, a la luz de la misma, claramente inconstitucionales. Nos referimos al Decreto 432/1997 que fija los requisitos para acceder a los beneficios de pensión vejez y por invalidez, otrora a cargo de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, fundamentan los diputados Masín y Doñate.
Con respecto al incremento del monto de las mismas, se plantea en el artículo 5 una fórmula de movilidad, “que lejos de estar en concordancia con la que el gobierno fijó en diciembre de 2017 con la Ley de Reforma Previsional 27.426, recupera la que estuviera vigente hasta entonces a partir de la ley 26.417, por considerarla mucho más beneficiosa para proteger los derechos de los beneficiarios de la presente normativa”.
