La ley 2927- G fue sancionada este miércoles por unanimidad, luego de unificarse tres proyectos de ley que desde el año pasado y este impulsan la adhesión a la ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela. En el Chaco, la normativa llevará el nombre de Natalia Samaniego, en recuerdo de la joven de 22 años víctima de un brutal femicidio en septiembre del año pasado, en la ciudad de posadas, Misiones. El debate se dio en presencia del padre de la joven, Ramón Samaniego, y su tío Omar Samaniego, a pedido de la diputada Nadia García Amud, impulsora de la iniciativa cabecera.
La Ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del Estado.
La primera de las oradoras fue Gladis Cristaldo (autora de uno de los proyectos), diputada por la Concertación Forja, quien destacó que la ley nacional también contempla como cláusula transitoria, que los organismos que no adopten un programa de capacitación de género hagan lo propio con cualquiera de los diseñados por el Instituto de la Mujer. Destacó que Chaco sea, nuevamente, de las primeras provincias en abordar este tipo de adhesión.
“Para cambiar paradigmas estas capacitación no solo tiene que ser transversal sino también vertical. No importa si es juez, ministro, legislador, gobernador. Tiene que estar a la mano de todos los que tenemos un cargo en cualquiera de los tres poderes del Estado”, remarcó.
Aseguró entonces que “en la gran mayoría de los casos las víctimas han pedido auxilio, no una sino con cinco, seis y hasta con 11 denuncias. Si el femicidio se cometió es porque el Estado no llegó o llegó tarde. El día de mañana una mujer que denuncie realmente tiene que encontrar la ayuda en el Estado”, bregó.
García Amud reconoció a un proyecto “difícil de abordar” y agradeció la presencia del padre de Natalia Samaniego. Dio detalles escalofriantes sobre la violencia ejercida sobre la víctima y pidió, en ese contexto, que la ley, de sancionarse, lleve el nombre de la joven chaqueña.
Otro de los coautores de una de las iniciativas, Daniel Trabalón del Frente Grande, apuntó que “las políticas de género, y en este caso la sanción de una ley, deben ser parte de una política de Estado. Micaela era una compañera comprometida con la lucha de la mujer, compañera del Movimiento Evita”, recordó y destacó: “Hoy estamos dando un paso más para avanzar en políticas de prevención, de capacitación. Seguimos insistiendo con que estas políticas, leyes, requieren de recursos económicos que la sostengan. Le debemos todavía, desde esta Legislatura, financiamiento a esas políticas y terminar con la precarización laboral que todavía sigue existiendo”.
El justicialista Ricardo Sánchez, expresó: “Me impresiona que ese dolor se transforme en entereza de lucha”, dijo y felicitó a los distintos autores de bloques políticos diversos “que han forjado este sendereo”.
Livio Gutiérrez, de Cambiemos, también impulsor de una iniciativa de adhesión a la ley nacional, mencionó que en Argentina se ejecuta un femicidio cada 33 horas. Habló como padre de familia, de mujeres, con un alto grado de preocupación por e flagelo que se viene cobrando la vida de muchas mujeres. Bregó porque cada muncipio adhiera por ordenanza para seguir el mismo camino de lo que le cabe ahora, una vez reglamentada, a todos los Poderes del Estado. “Falta mucho y hay que seguir trabajando y conscientizando. Solo así vamos a terminar con este terrible flagelo”, afirmó.
Cerró Hugo Ságer, jefe de la bancada justicialista, apuntó al fortalecimiento de la prevención. “A nosotros nos pone muy contentos que aun en las actuales circunstancias, en un año donde cuesta más ponernos de acuerdo, se haya sacado por unanimidad”, valoró.
