Legisladores del Justicialismo y del Frente Grande/Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de ley (nº2111/19) para prohibir en todo el territorio de la provincia del Chaco la modalidad de autoservicio para el expendio de combustibles líquidos y/o gas en sus versiones GLP o GNC en todas las estaciones de servicio. En ese sentido, plantea que en las estaciones de servicio habilitadas sólo podrá expedir combustible el personal legalmente registrado como dependiente de la misma y previamente capacitados en la aplicación de las normas de seguridad para expedir combustible, realizar controles de fluidos de motores, calibrando cubiertas, prevenir incendios y actuar en caso de emergencias.
En la normativa se incluirán también las instalaciones comerciales destinadas a proveer combustible a embarcaciones pero se eximirá a aquellas que abastezcan a aeronaves.
Asimismo, prevé que los establecimientos que no cumplan con la norma podrán ser sancionados pecuniariamente y hasta con la clausura preventiva de la Estación de Servicio, hasta tanto no acrediten ante la autoridad de aplicación que cuentan con personal capacitado en el servicio al usuario y en la aplicación de las medidas de seguridad precedentes.
La aplicación de la ley quedará bajo la dependencia del Ministerio de Infraestructura de la provincia del Chaco.
En sus fundamentos, los legisladores señalaron que la adopción del sistema de autoservicio de combustibles “es un proyecto muy cuestionado y complejo que debe analizarse desde dos aspectos importantes, la fuente de trabajo de los empleados y la seguridad de la comunidad. La incógnita de qué harán con los playeros de dichas estaciones de servicio que se adhieran al proyecto no es un tema menor teniendo en cuenta la crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Se estipula que se podrían quedar sin empleo 100.000 trabajadores playeros en todo el país de ser aprobado los surtidores automatizados, que pueden ser utilizados directamente por el cliente, reemplazando al personal capacitado”.
En ese contexto, advirtieron que “la actividad debe ser desarrollada dentro de ciertos límites. No se puede permitir que se apruebe un proyecto destinado a una mayor rentabilidad de las estaciones de servicio, sin proteger y garantizar la seguridad de la comunidad, la cual debe ser garantizada por el Estado”.
Ampliaremos…
