Un despacho que unificó los proyectos 947 de 2017, de cabecera, y el 441 y 2565 de 2019 se sancionó por unanimidad la ley que declara la Emergencia Social por Violencia de Género en el territorio chaqueño.
La iniciativa legislativa propone la declaración por el término de dos años, plazo que podría prorrogarse de subsistir las causales que la dan origen.
Tiene como objetivo revertir los indicadores reforzando las políticas preventivas y optimizar los recursos destinados al abordaje integral de las mujeres en situación de violencia.
Propone el diseño y ejecución de acciones y programas tendientes a la prevención, sanción, y erradicación de la violencia contra la mujer, la celebración de convenios o acuerdos con organismos nacionales, internacionales, académicos, que posibiliten la creación de servicios integrales de asistencia a las mujeres en contexto de violencia. Y crea espacios físicos de alojamiento a las víctimas en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física y psicológica. Además, garantiza la atención de familiares de víctimas de femicidios y fortalece la red de contención social de Organizaciones No Gubernamentales, entre otras cuestiones.
También crea la “Mesa Institucional por la Emergencia Provincial en Violencia de Género”, en el ámbito de la Legislatura provincial.
Aunque desde el Frente Grande y la Concertación Forja intentaron reformular la cuestión del presupuesto, carente de precisiones en la ley sancionada, no se pudo avanzar en el pedido de modificación.
José Romero: “Pedimos justicia y que los culpables paguen”
“Estamos pidiendo justicia, que se esclarezca todo y que los culpables paguen lo que hicieron. Perdimos una hija, no es cualquier cosa, no es una moneda que se pierde. Estamos aquí con el señor (Ramón) Samaniego que muy amablemente nos viene acompañando y solicitando junto a nosotros la aprobación de este proyecto de resolución”, fue la expresión que previo al tratamiento brindó a este medio el padre de Lorena, José Romero.
Posteriormente, por unanimidad, sancionaron la resolución que expresa “profundo pesar y consternación ante el femicidio de Lorena Noemí Romero, de 21 años”. Lo hicieron ante la presencia de sus padres, Gladis y José Romero, quienes estuvieron acompañados por el padre de Natalia Samaniego, también víctima de de femicidio en 2018, Ramón Samaniego.
La iniciativa legislativa manifiesta el acompañamiento de este Poder en el reclamo de justicia, solicitando a las autoridades intervinientes que diligencien todas la medidas necesarias, de manera urgente, para dar con los responsables del femicidio e impartir justicia.
Expresa “repudio por la filtración y viralización, por parte de los agentes de seguridad intervinientes, de imágenes y videos del cuerpo sin vida de Lorena Romero” y exige al al Ministerio de Seguridad “que los responsables sean identificados y obtengan las sanciones correspondientes”.
Hace un llamado a los medios de comunicación, “en el marco de la cobertura periodística de los casos de femicidio, para que sean tratados como tales, fundamentalmente desde una mirada de derechos humanos, respetando la intimidad y privacidad de las víctimas y sus familias, contemplando que la difusión y viralización de información e imágenes no vulneren sus derechos, y a su vez considere el proceso judicial y sus tiempos, que, normalmente, no responden a criterios de anticipación de la noticia, sino a la investigación, al procedimiento de la causa y a la contención de las partes involucradas, por cuanto es imprescindible que se aguarden las confirmaciones oficiales y la debida notificación al entorno de la víctima antes de la publicación”.
