Quieren prohibir que condenados por abuso sexual trabajen en lugares donde tengan contacto con menores

Los diputados radicales Gustavo Corradi y Carim Peche, presentaron un proyecto de ley por medio del cual proponen incorporar varios artículos a la Ley que regula el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. Apuntan a evitar que personas condenadas por abuso trabajen en sectores donde tengan vínculos con menores de edad.

El proyecto lleva el número 3123 y fue ingresado el 4 de julio. En el mismo propone incluir cuatro artículos a la ley 1727-N. El primero de ellos, establece que toda persona física o jurídica, establecimiento u organismo cualquiera sea su denominación y/o inscripción legal público, semipúblico o privado, que designe o contrate personas para que desempeñen o ejerzan cargos, empleos, actividades, profesiones u oficios, relacionadas con el cuidado, atención, instrucción, transporte, enseñanza y demás actividades que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes, “previamente a la contratación o designación, deberá exigir del interesado, la presentación de un certificado de no estar incurso en condenas de las registradas por el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual”.

“La autoridad de aplicación deberá elaborar periódicamente el listado de cargos, empleos, actividades, profesiones y oficios relacionados con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza y demás servicios que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes”, añade otro artículo de la propuesta.

“El presente proyecto, tiene por objeto evitar el contacto con niños niñas y adolescentes de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, imponiendo la obligación de presentar un certificado de no estar incurso en delitos de los registrados en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual creado por Ley Nº 1727-N,a toda la persona que pretenda desempeñar o ejercer algún cargo, empleo, profesión u oficio, que implique el trato directo con niñas, niños y adolescentes; ya sea en instituciones, organizaciones, fundaciones, empresas y todo servicio, cualquiera sea su denominación y/o inscripción legal público, semipúblico o privado”, explicaron los diputados en sus fundamentos.

“Además, impone al contratante el deber de exigir el certificado a los aspirantes, previo a toda contratación o designación”, remarcaron. “Con este proyecto se pretende brindar una herramienta de protección a uno de los sectores mas vulnerable de nuestra sociedad”, señalaron Corradi y Peche.

 

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