El proyecto establece una serie de medidas como prohibir que las empresas publiciten un servicio veloz de entrega a costa de poner en riesgo la vida de los trabajadores; las suspensiones y castigos por incumplir stándares que ponen en riesgo su vida o salud; y la carga de un peso excesivo sobre sus espaldas. También obliga a las empresas a reconocer plenamente la relación de dependencia (golpeando el generalizado régimen monotributista en el rubro); establece un régimen de licencias y condiciones de infraestructura para cubrir necesidades básicas durante la jornada laboral; dispone el incremento del cobro por entrega y un sueldo básico independiente del mismo y, entre otras medidas, sanciones para las empresas. Se crea asimismo una Comisión de Control y Seguimiento de la Ley, integrada en un 70% por representantes electos de los trabajadores de reparto y en un 30% por funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Desde Catamarca, Del Plá declaró: “La necesidad de establecer medidas urgentes la ilustran los accidentes –algunos fatales- que afectan duramente a los trabajadores del sector, que pagan con brutales consecuencias físicas y psicológicas la extrema precarización a la que están sometidos para obtener un ingreso mínimo, trabajando a destajo, sin horarios, medidas de protección ni licencias de ningún tipo”.
“Esta forma devaluada de trabajo es el modelo en que se inspira el empresariado argentino cuando reclama la reforma laboral, que requiere la destrucción de los convenios colectivos para eliminar derechos conquistados. El pacto con el FMI, que defienden tanto los Macri-Pichetto como los Fernández-Fernández, está orientado a garantizar esta degradación laboral en detrimento de los trabajadores y en favor de una porción de empresarios y del sistema financiero”.
“Como diputados de los trabajadores, presentamos este Proyecto para contribuir a una lucha de la juventud trabajadora contra la superexplotación laboral y en defensa de sus reivindicaciones más urgentes”.
