La iniciativa ingresó este lunes a las 19.10 por Mesa de Entradas de la Cámara baja con 13 firmas, correspondientes a representantes del Frente de Todos, el bloque Justicialista, los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia.
“Logramos unificar un proyecto de emergencia alimentaria para ser tratado el jueves en sesión especial. La oposición está unida y decidida a aprobar la emergencia alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente”, afirmó Leonardo Groso (Movimiento Evita), uno de los principales promotores de la medida.
Groso advirtió que “el Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves. De no ser así, avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, señaló este lunes tras una reunión con la cúpula de la CGT que “la emergencia alimentaria depende del Congreso”, con lo cual descartó que el Gobierno vaya a declarar por decreto la medida que exige la oposición junto a movimientos sociales.
Asimismo, según trascendió, el Gobierno y la CGT hablaron de la posibilidad de implementar una “tarjeta alimentaria” para ciudadanos desocupados. Pero más allá de esta decisión, la oposición resolvió presentar el proyecto de emergencia, como paso previo al pedido de sesión especial.
El proyecto consensuado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año, según la Ley 27.345, sancionada en 2016, que extendió a su vez la emergencia social por el mismo período.
La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”. Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘’Servicios sociales’’’.
Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.
Los firmantes de la iniciativa en nombre del Frente de Todos son Agustín Rossi, Felipe Solá, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Daniel Arroyo, Carlos Castagneto, Carla Pitiot, Cecilia Moreau y Alejandra Rodenas. También suscribieron Juan José Bahillo y Carolina Moisés por el bloque Justicialista; Jorge Franco por el Frente Renovador de la Concordia misionero; e Ivana Bianchi por Unidad Justicialista.
Si bien el texto no lleva firmas de Consenso Federal, el candidato presidencial Roberto Lavagna fue uno de los primeros en reclamar la Emergencia alimentaria, e incluso su hijo, el diputado Marco Lavagna, presentó un proyecto de ley al respecto. En cuanto al Frente de Izquierda, aseguró su presencia en la sesión del jueves pero formuló un reclamo más amplio.
