Por Esteban Di Mare
Las instituciones dedicadas a la discapacidad, por lo general eran lugares oscuros y tristes, sin conexión con el mundo exterior, sin contacto con la vida. “Depósitos” en los que se ocultaba lo que gran parte de la sociedad no quería ver.
Fui testigo también, avanzados los 2000, de como con la ayuda de un Estado presente se fue construyendo con fuerza un nuevo actor social que reclamaba plenos derechos y oportunidades, y lograba de a poco la tan anhelada visibilidad.
Fue entonces cuando la persona con discapacidad tuvo acceso, en buena medida, a la salud, la educación, el trabajo, el esparcimiento y el turismo. Las expresiones artísticas fueron cada vez más frecuentes y reconocidas por el público y los deportistas comenzaban a cosechar éxitos a nivel internacional.
Los cambios sociales en cuanto a la receptividad de la discapacidad fueron notables.
Se creaban Escuelas de Educación Especial de gestión estatal en los lugares más remotos de nuestra extensa geografía. Las instituciones privadas gozaban de una prosperidad que les permitía mejorar y ampliar sus instalaciones, aumentar la oferta de servicios y brindar prestaciones de calidad. Se multiplicaban los Centros Educativos Terapéuticos y se conformaban equipos interdisciplinarios por todas partes.
Con esto no quiero decir que se había alcanzado el mejor de los mundos, ni el pleno bienestar. Aún quedaba mucho por hacer. Siempre las demandas satisfechas empujan a nuevos desafíos, eso es muy bueno y deseable, porque es la manera en que las sociedades avanzan. Lo importante era que se había trazado un sendero digno de seguir siendo transitado.
Catástrofe y quita de pensiones
A partir del año 2016, con la asunción del nuevo gobierno, la cuestión se tornó bien distinta y hoy el universo de la discapacidad se enfrenta a una situación de franco retroceso y desamparo.
Las políticas desplegadas por la Alianza Cambiemos han significado la desaparición del Estado como garante de derechos de la población argentina. El resultado ha sido una vertiginosa pérdida de la calidad de vida de todos nosotros.
La pésima situación económica ha llevado a las instituciones privadas dedicadas a la discapacidad a una crisis que por su magnitud no tiene precedentes. La brutal inflación y el descomunal incremento de los servicios de agua, gas y luz, hace que muchas instituciones queden al borde de la desaparición y ya se advierte el cierre de algunas.
El Programa Incluir Salud, que permite el acceso en todo el país a los servicios de salud a titulares de Pensiones No Contributivas que no cuentan con Obra Social, contrajo una deuda inmensa con los prestadores. La actualización de los aranceles de los profesionales es ridícula, el atraso de pago a transportistas es cuantioso y el rechazo de prestaciones a personas con discapacidad por auditorías cuestionables es moneda corriente.
Se calculan en 170.000 las bajas de pensiones entre los años 2016 y 2018, y a ello hay que agregar las innumerables trabas que se pusieron al otorgamiento y renovación del Certificado Único de Discapacidad, exponiendo a las personas a la humillante tarea de tener que “actualizar” su condición de discapacitados.El Ministerio de Desarrollo Social, que preside Carolina Stanley, “desempolvó” el decreto 432 del año 1997, con el que el presidente Carlos Menem se valió para quitar pensiones. Entre otras cosas el decreto dictaba:
Dejar de pagar pensiones a personas con un porcentaje inferior al 76% de invalidez.
Quitar la ayuda a beneficiarios cuyos cónyuges percibieran una pensión o jubilación, incluso si fuera la mínima.
La baja de pensiones a discapacitados que estuvieran acompañados por un tutor que percibiera ingresos equivalentes a 3 salarios mínimos.
A quienes tengan a su nombre un bien, como un auto o, por ejemplo, ser poseedor de un monoambiente recibido como herencia.
Fue así como a Héctor, que tiene una enfermedad que le genera tumores en todo el cuerpo y que perdió la movilidad de sus piernas y ya no camina, le quitaron su pensión por tener un auto adaptado que puede ser manejado con las manos solamente, y que utiliza para retirar y llevar las computadoras que repara para ganarse la vida.
A Araceli que sufre fibromialgia, enfermedad que le genera dolores corporales profundos y constantes, le negaron la Pensión No Contributiva por tener un automóvil, producto de la división de bienes con su ex esposo y que maneja para trasladarse a médicos y terapias. Patético!
Curioso fue el caso de Mariel que es hipoacúsica. Cuando fue a reclamar, por no tener depositada su pensión, le dijeron que ya no tendría su beneficio porque su marido cobraba una jubilación, apenas superior a la mínima. Le sugirieron que se divorciara y se declare indigente para percibirla nuevamente. Increíble!
Tal vez, el caso de mayor notoriedad porque se reflejó en diarios, radios y televisión fue el de Yanina, medalla de oro en los juegos Paralímpicos en Río 2016, por su excelente performance en los 100 metros llanos. Un patrocinador, que ofreció apoyar a la atleta con una contribución mensual mínima, le indicó que debía inscribirse como monotributista. La nueva condición fiscal de Yanina la privó de percibir el beneficio que le correspondía por ley. Una vergüenza!
Estos pocos ejemplos, de los tantos que hay a lo largo y ancho de todo el país, dan cuenta de cómo se ha pisoteado La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde el año 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo.
Todo lo descrito constituye un verdadero desastre! Y en medio de este descalabro, en Junio del presente año, con toda pompa y gastando un dineral, Argentina fue sede de la Cumbre Global de Discapacidad. La postal que recorrió el mundo fue la de una multitud de policías custodiando la protesta de discapacitados en las puertas de Tecnópolis. Un bochorno!
Cabe destacar que el fallo judicial de la Cámara de Seguridad Social del 15 de marzo de 2019 es ejemplar.
En él se declara la inconstitucionalidad del decreto 432 del año 1997, entre otras razones porque considera que al dar de baja pensiones automáticamente, el Estado Nacional había vulnerado el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada y debidamente notificada al interesado.
Además consideró que la situación patrimonial o el goce de beneficios previsionales o asistenciales de familiares, tutores o cónyuges no tienen por qué ser tenido en cuenta a la hora de quitar una pensión ya que eso vulnera el derecho individual de la persona discapacitada y afecta su independencia.
La sentencia fue recurrida por la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo que la causa está a resolución de la Corte Suprema de Justicia. Vaya a saber cuándo se va a expedir.
Algunos números
Algo que se discutió mucho en todos estos años, fue la cantidad de discapacitados que hay en Argentina y si el aumento del otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo estaba teñido de corrupción.
Los medios de comunicación oficialistas justificaron la quita de pensiones en sintonía con el apoyo permanente a las políticas de ajuste y recorte de derechos de todo tipo.
Así, se hizo celebre el pueblo de Córdoba, Guanaco Muerto, del que se dijo que tenía más pensiones por discapacidad que habitantes. Entonces, el pueblo fue estigmatizado hasta el hartazgo y se lo tomó como ejemplo para validar como justas las bajas. (El jefe comunal explicó que Guanaco Muerto es cabeza administrativa de más de 100 parajes rurales) Es decir, los medios de comunicación utilizaron el artilugio conocido de tomar una posible arbitrariedad para deslegitimar todo.
Poner luz a algunas cuestiones
La Organización Mundial de la Salud, sostiene que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. El censo del año 2010, da cuenta de 10,9% de discapacitados en Argentina y el INDEC, 10,2% en el 2018. Entonces, el porcentaje es menor a la media mundial y representa poco más de 4,5 millones de argentinos.
El propio Presidente de la Nación dio crédito a esta cifra. Durante la presentación del Plan Nacional de Discapacidad 2017/2019, Macri afirmó que en nuestro país hay 5 millones de personas con discapacidad y que “si multiplicamos por los familiares y amigos, nos toca de cerca a todos”, y además enfatizó que “eso nos lleva al ejercicio más lindo que puede haber, que es ponerse en el lugar de la otra persona” Notable sentimiento, pero en los hechos incompatible con el despojo de derechos.
Según datos oficiales, al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner eran alrededor de 78.000 las pensiones por discapacidad. 170.000 al final de su mandato y 1.035.000 cuando culminó el turno de Cristina Fernández.
Sintetizando: sobre algo más de 4,5 millones de discapacitados, las pensiones por invalidez son 1 millón, lo que representa el 2,6% del total de la población y un 6,9% de la población laboralmente activa. Por lo tanto, lo que se debería haber calificado como una extraordinaria política de ampliación de derechos, por el contrario fue denostada y atacada.
Será recordada la intervención del diputado nacional Martín Losteau en la sesión que se debatió el Proyecto de Presupuesto 2019. Afirmó desde su banca: “Tenemos en la Argentina hasta el año 2007, 180.000 pensiones por invalidez, hoy hay 1.050.000 (…) Son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial” En fin, cualquiera dice cualquier cosa.
Para terminar y que quede claro de qué cifras estamos hablado, hay que decir que el beneficio por invalidez a septiembre 2019 es de $9.062, bien lejos del costo de la canasta básica alimentaria, y de $7.331 la del hijo con discapacidad.
Dime qué piensas…
Creo conveniente recordar algunas expresiones y actitudes que han tenido funcionarios del actual gobierno en cuanto a la discapacidad. Me parece necesario porque de ellas se desprende la matriz ideológica que luego se traduce en políticas de Estado.
A mediados del año 2017, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, reconoció: “damos de baja pensiones a personas que no son inválidas totales y permanentes, sino que tienen un cierto grado de discapacidad”, y da un ejemplo: “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara…” No vale la pena hacer ningún comentario a semejante barbaridad.
El 11 de Mayo del 2017, en el Centro Cultural Kirchner se anunció el Plan Nacional de Discapacidad. En la gacetilla de difusión se sostenían numerosas aspiraciones históricas del sector. ¿Quién podría no estar de acuerdo? Pero, el problema que interesa es el cómo y el modo de financiamiento para que las políticas se concreten.
La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, nos dio una pista: “Yo tengo una ilusión en lograr programas en las provincias, en los municipios, que nos permitan que familias con chicos sin discapacidad, que son familias que tienen recursos, son familias de clase media acomodada, o de clase alta con más razón, logren amadrinar o apadrinar a familias con chicos con discapacidad que tienen recursos realmente escasos” Ay Gabriela! Esa es la solución que nos propone el Gobierno Nacional a la problemática de la discapacidad? Ello no es ni más ni menos que la vuelta al patronato del siglo XIX y la consagración de la caridad como fórmula para resolver problemas.
En Junio de este año, el Intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo sugirió un sorprendente destino para los discapacitados. Propone integrarlos a la versión moderna de la “colimba”, el Servicio Cívico Voluntario en Valores.
Entrevistado por el canal 8 Telefé Mar del Plata, dijo: “Además lo haría también para los discapacitados. Aprenderían a tener orden, a tener disciplina, en muchos casos a ser higiénicos” “Si usted incluye a los discapacitados les daría un motivo para vivir, para hacer cosas, un oficio” Un papelón! Vaya lugar y manera para encontrar motivos para vivir.
¿Y por CABA cómo andamos?
Hace pocos días, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación, Soledad Acuña, que no hicieron las reformas que requería el edificio del único Centro Educativo Especial de toda la zona sur de la ciudad, no tuvieron mejor idea que fusionarlo con la Escuela Nº 3, aunque ambas se especializan en patologías diferentes. Un despropósito en la ciudad más rica del país, que tiene un presupuesto comparable al de capitales europeas.
El final de este breve repaso, me parece apropiado reservarlo para el ex Ministro de Educación que sostuvo que se debía crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, que “no saber lo que viene es un valor”
Esteban Bullrich merece un lugar destacado en estas líneas porque fue él quien reveló el mecanismo perverso del gobierno de Mauricio Macri para llevar adelante políticas antipopulares en todos los órdenes.
Sonriéndole al presidente, sentado a su derecha en la Academia Nacional de Educación, dijo: “¿Qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo, …estoy develando la estrategia… El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que alguna ya se implementó, van atrás de esa y avanzas con las que no habías avanzado. Un partido de ajedrez o de damas medio complejo. Pero que funciona!”.
Fue muy claro al exponer las reglas del juego con el que juegan con todos los argentinos. Cuando se escriba la historia, costará creer cómo fue que la República Argentina tuviera a un ministro de Educación como Esteban Bullrich.
Lo que viene
El universo de la discapacidad no se mantuvo de brazos cruzados durante todo este tiempo. Adquirió un buen grado de conciencia colectiva, de organización y movilización que se expresó en las marchas hacia el Ministerio de Desarrollo Social,al Congreso de la Nación, a la Plaza de Mayo o a la Quinta Presidencial de Olivos.
La experiencia acumulada va a ser vital para protagonizar la lucha en la etapa de la nueva Argentina y exigir que el Estado reasuma la conducción de las políticas públicas, retome el rol de garante de los derechos de los discapacitados y así poder lograr una inclusión robusta en todas las esferas de la vida nacional.
Será imprescindible la sanción de una nueva ley marco, que adecuada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cree la Secretaría Nacional de Discapacidad, con rango de Secretaría de Estado. Entre sus funciones deberá coordinar el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección de Derechos, propiciando políticas públicas con alcance federal.
Estoy convencido de que los pueblos pueden equivocarse pero no se suicidan. Por eso, el año que viene tendremos que abocarnos a la enorme tarea de reconstruir todo aquello que se ha destruido. Estaremos construyendo una Patria que merezca ser vivida por todos.
