Cabe recordar que el proceso se inició con una denuncia firmada, en un primer momento, por nueve diputados de la oposición y estuvo basada en una escucha telefónica publicada en el Canal C5N, donde se escucha supuestamente al jefe de los fiscales chaqueños con Eduardo Molina, vicepresidente de Fiduciaria del Norte, y quien estaba citado a comparecer ante la Justicia en el marco de la causa conocida como “Lavado I”.

    Derecho de defensa

    Sánchez resaltó que la causa se dio con el “absoluto respeto al derecho de defensa”, ya que la comisión estudió el expediente y a partir de allí se corrió traslado a Jorge Canteros, quien efectuó su descargo planteando “distintas nulidades” que, a su criterio obstaculizaban la prosecución del juicio político.

    “Después de analizar estas nulidades, hemos coincidido en que las mismas son, sin lugar a dudas, nulidades que no pueden ser salvadas y por eso, a partir de allí determinamos el rechazo del juicio político y el archivo de las actuaciones”, explicó Sánchez.

    Nulidades

    El legislador apuntó que, junto a sus pares, tomaron nota de que, en un primer momento, aparecen 12 firmas como autores de la presentación pero luego se “rectifica” esta presentación inicial pero “nada se dice de los originarios firmantes”. “No hay un escrito donde hayan desistido de la presentación ni tampoco se da explicación alguna, máxime en una cuestión de gravedad institucional como es requerir el juicio político que del jefe de los fiscales de la provincia”, expuso.

    Para Sánchez, no queda claro si “se arrepintieron o nunca firmaron o qué fue lo que pasó”. “Pero además, es importante detallar que los firmantes del planteo que continuaron, que fueron mucho menos de los 12 iniciales, nunca asumieron las responsabilidades del 245 del Código Penal, y este es un requisito formal establecido en la Ley de Juicio Político e implica responsabilidades en caso de que la denuncia contenga algún tipo de falsedad”, agregó.

    El diputado sáenzpeñense aclaró además que la rectificación presentada por Diego Rosales, abogado patrocinante del legislador Gustavo Corradi plantea que solamente se tenga como firmantes de la denuncia a 9 diputados que se individualizan con firma y sello pero “esta es una presentación que hace un abogado y no invoca representación del resto de los legisladores, con lo cual, deja un vacío respecto de quiénes son los que inician la presentación”.

    El legislador marcó que además, en el objeto de la presentación se enjuicia al Procurador General de la Provincia pero “no se indica quién era el funcionario”. Si bien admitió que en otro segmento de la presentación sí aparece este dato no menor, entendió que “el respeto de la garantía constitucional implica que debía mencionarse en el inicio a quién se estaba dirigiendo la acción y por ende también entendemos que esto representa la omisión de un requisito insoslayable que obstaculiza la prosecución del juicio”, planteó.

    Sánchez planteó que el “incumplimiento de todas estas formalidades expresas” hace que le “asista toda la razón a Canteros en su planteo nulificatorio”. “Avanzar, en esta situación dentro del proceso de juicio político implicaba que luego, cualquier revisión constitucional iba a hacer caer el juicio y por ende exponer un mal trabajo de la comisión”, explicó.

    Juicio inviable

    Más allá de los argumentos jurídicos expuestos para sostener el rechazo del juicio político, Sánchez planteó que si bien el fondo de la cuestión no ha sido motivo de análisis, de no haberse dados las nulidades “tampoco correspondía un juicio político”. “Sin siquiera preguntar si se trata efectivamente de Jorge Canteros quien participa de esa conversación, de la misma no surge nada más y nada menos que un Procurador que está informando a un imputado cuestiones absolutamente públicas como es en qué carácter se lo cita”, analizó.

    En esta línea, el legislador remarcó que “no comparto con el criterio que indica que la grabación revierte un carácter grave sino que rechazo esa calificación, porque muestra a un Procurador que sigue de cerca una investigación importante, como es Lavado I, que no comete transgresión alguna al atender una llamada telefónica”.

    “La grandilocuencia con que ha presentado la prensa el tema no me exime de tener objetividad: para mí, si bien esto no se ha analizado, y parado en la hipótesis de que no se hubieran cometido ninguna de las nulidades, realmente tampoco era viable el proceso de juicio político”, sentenció.

    Para finalizar, Sánchez aseguró que “esto en modo alguno puede mellar el honor de Jorge Canteros ni su condición de Procurador; si bien hay cierto daño que ya es irreparable como es la presentación mediática de este proceso, hemos cumplido con lo que teníamos que hacer dando trámite a la denuncia y haciendo lugar al planteo correspondiente archivando la causa”.

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