Según la manifestación pública de este grupo de mujeres, primero en conferencia de prensa y luego a través de un documento, Romero está denunciado por “AMENAZA DE MUERTE Y AGRESIONES FÍSICAS”, Expediente 33284/16 que se tramita en el juzgado Correccional 1 a cargo de la Juez Silvana Morando,” por la que se concedió a la víctima, luego de valorar la situación de riesgo y vulnerabilidad de la misma su ex pareja, el botón antipánico y una orden de restricción hacia Romero”.
Relataron que “la víctima fue agredida físicamente y verbalmente en los pasillos de la Facultad de Arquitectura, en el marco de una discusión por recuperar su vivienda (propiedad de herencia familiar) que había sido usurpada por Romero, lo que llevó también a un juicio civil por la tenencia de la propiedad en cuestión”.
Que el candidato “intentó hasta último momento avasallar los derechos legítimos de la mujer, ejerciendo todo tipo de violencias física, psicológica verbal y económica en todos los ámbitos en los cuales se desarrollan las relaciones de su víctima familiar, laboral social y político apelando a todo tipo de maniobras legales y utilizando influencias de su posición jerárquica como funcionario de la UNNE, cuestión que es reconocida por quienes han tenido trato con este acosador moral”.
Mencionaron que luego de tres años de litigio, finalmente la justicia falló a favor de la mujer, ordenando el desalojo de Romero, en abril de 2019. Pero que sin embargo, a pesar de los antecedentes que gravan la conducta, “continúa valiéndose de su posición jerárquica como funcionario en la UNNE, no solo para permanecer impune sino también para postularse como candidato a un cargo público, como es de público conocimiento”.
Denunciaron que el candidato tiene, además de la mencionada causa, “otras denuncias en la Comisaría de la Mujer de la Policía del Chaco que han sido derivadas a diferentes Fiscalías Penales N°1, N° 2, N°3, N° 5 y N° 14 todas ellas por hechos vinculados con violencia de género, lo que da cuenta de la falta de conexidad que debería existir entre los equipos fiscales del Ministerio Publico del Chaco y el sistema de protección integral de NNA”.
“Por otra parte, y esto es quizás, lo más grave que a pesar de las múltiples denuncias de la víctima el Sistema de Protección Integral del Poder Ejecutivo Provincial a través de la línea 102 ante una presentación del progenitor sólo dio cabida a la voz de Romero, desconociendo la historia de violencia hacia la progenitora y valiéndose de un informe psicológico de parte (de Romero) se le establece que las hijas de ambos estarían a cargo de Romero, cuestión que da lugar a la exclusión sistemática de la figura materna en el entorno de las niñas que ha sido aprovechada por Romero para desacreditar la conducta de la madre. Desde ese momento, no se ha propiciado ni desde el Órgano Técnico Administrativo ni del fuero del Menor de Edad y la Familia un acercamiento entre progenitora e hijas, convirtiendo a la víctima de victimaria, y al agresor en víctima, sin investigar, sin crear las condiciones de acercamiento de la madre con las niñas mediante ayuda externa interdisciplinaria imparcial y conjunta para resolver el conflicto, tal lo requerido por la madre. Por el contrario, Romero, a través de una psicóloga de parte y de una justicia complaciente, le colocó un bozal legal a la víctima, y le impide el contacto con sus hijas hace 10 meses”, denunciaron.
Manifestaron que “la dilación de los tiempos judiciales permite la impunidad de estos delitos, habilitando a violentos a acceder como este caso a un cargo público, no se ha tenido en cuenta tampoco la manifestación pública de las organizaciones de mujeres, sociales, estudiantiles, etc., con la adhesión de todas las agrupaciones estudiantiles de la FADU, incluso la de Romero, que en diciembre de 2018 hicimos la primera denuncia pública. Lejos de investigar, lo premian con una candidatura”.
Por todo ello a la Justicia, exigen:
“Investigación profunda y no meramente administrativa, implementación urgente de la Ley Micaela de modo tal, que los funcionarios encargados de proteger derechos tengan en claro cómo se manejan los mecanismos de poder que perpetúan las violencias.
Que la Justicia Civil (Familia) arbitre los mecanismos para garantizar los derechos de identidad, de libre expresión de las niñas que sin duda están dañados por la sistemática manipulación de ROMERO con la complicidad de funcionarios que han decidido negarle derechos de revincular a la madre con sus hijas.
Que la Justicia Penal, finalmente resuelva cada una de las denuncias realizada por la victima en diferentes fechas, las que se hallarían en diferentes Equipos Fiscales de modo tal que los derechos de la victimas estén realmente garantizados.
Al Poder Ejecutivo, y la Ministra de Gobierno, Justicia y Relaciones con la Comunidad:
La implementación de la Ley 2809.J “REGISTRO UNICO DE PERSONAS VIOLENTAS” que fuera sancionada en mayo del 2018, hasta la fecha sin reglamentar lo que permite que, en estas Elecciones Municipales, personajes como ROMERO se postulen sin ningún cuestionamiento legal a un cargo electivo.
A la rectora de la UNNE y el Decano de la FADU, que implementen el Protocolo ante situaciones de Discriminación y Violencia de Género, por las denuncias que han sido presentadas por nota formal en Diciembre de 2018, y que tienen plena vigencia, sin que tomaran medida alguna en el tiempo transcurrido.
A los partidos políticos, rechazamos y repudiamos la postulación de Agustín Romero y de todos los candidatos que tengan denuncias por violencia en las listas para las elecciones, porque consideramos que resulta fundamental para la construcción de una nueva sociedad que las personas que integren espacios de representación tengan una ética pública basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
A Agustín Romero, cumpla con la restricción de acercamiento hacia su ex pareja, cumpla con la prohibición legal de publicar fotos de las menores en redes sociales y medios públicos como lo hace la madre, cese las maniobras legales y psicológicas para impedir el contacto de las menores con su madre”.
“Basta de violencia machista y patriarcal. Justicia”, pidieron al final del documento.
Firman: Unión de Mujeres en Lucha, CTA de les Trabajadorxs Chaco, UTRE, ATE, Secretaría de la Mujer UPCP, Mujeres Peronistas con Cristina, Organización Peronismo Militante, Mujeres Evita, Trabajadoras Vendedoras del Espacio Público Ctep – Evita, Frente de Género PTP-PCR, Mala Junta, Frente Patria Grande
CEPA, Frente de Mujeres la Cámpora, Frente Grande -Unidad Ciudadana SOMOS –, Revuelta Feminista
Mujeres CCC, Peronismo Popular, Frente de Géneros Unidxs y Organizadxs, Sandra Ortiz – Comunicadora
Mujeres 20 de Diciembre , Colectivo Ni una menos-Resistencia, AGRUPACIÓN MUNICIPAL 8 de noviembre, Agrupación Política Scalabrini Ortiz, Diputada Provincial Gladis Cristaldo, Las Mariposas, Al fin Justicia y La Néstor Kirchner.
