La defensora General, Alicia Alcalá fue entrevistada este miércoles en el programa Agenda Circular, que se emite por CIUDAD TV, oportunidad en la que brindó detalles del trabajo que viene realizando la mesa interpoderes conformada para abordar la situación humanitaria en relación a las cárceles en la provincia del Chaco, un espacio que se integra de miembros de los tres poderes del estado además del Comité contra la Tortura, la Asociación Pensamiento Penal. Habrá una nueva reunión en 15 días.
“Entendemos que la situación carcelaria en la provincia es acuciante, es crítica, y necesita un abordaje intersectorial, sistémico”, dijo la Defensora y recordó que la provincia del Chaco, sus tres poderes, tiene compromisos internacionales y, en ese contexto, aseguró: “Estamos convencidos que la mesa de diálogo es la que más frutos positivos puede generar”.
“El hacinamiento es una de las situaciones acuciantes. En cifras redondas tenemos más o menos la misma cantidad de personas de personas privadas de su libertad en alcaldías, que serán aproximadamente 1.400 y 1.300 en comisarías, de los cuales 220 son procesados. Es decir, no ha recaído una sentencia firme aún”, precisó y añadió que quienes están con condena en comisarías, al estar en ese ámbito no puede recibir ni el seguimiento ni los beneficios que le da la ley si estuviera bajo las órbita del servicio penitenciario”.
Frente a ese escenario que se da a nivel provincial, señaló que la mesa trabaja en “rever la política criminal en la provincia del Chaco, a veces con abusos de la prisión preventiva o prisiones preventivas en delitos de muy poca monta, como tentativa de hurto, de robo o abuso contra la autoridad, lesiones leves; entonces tendríamos que rever nuestras prácticas y tratar de encontrar otras soluciones”.
Mencionó la utilización de las tobilleras o pulseras electrónicas como un sistema a adoptar, “con un seguimiento correcto de las personas que podrían utilizar este método”, como alternativa al encierro.
Otra cuestión que se planteó en el marco de la mesa interpoderes es con con los adultos mayores privados de su libertad. Por un lado en cuanto a la edad, teniendo en cuenta que la Convención Interamericana de Derechos de Adultos Mayores fija los 60 años por sobre los 70 de la regla local. Con lo que defienden el poder allanarse a la norma internacional. Y, en el mismo sentido, analizan la revisión de las disposiciones de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, “porque la mayoría de los privados de su libertad que están en la tercera edad también están atravesados por algún tipo de discapacidad”. Sobre esto último, lo que se busca es articular con el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de que las personas no tuvieran familiares o trabajar con la familia.
“Hay muchos puntos para trabajar y sentarnos entre todos a idear soluciones cuando tenemos un problema tan grande y debemos abordarlo en forma intersectorial, interdisciplinaria y considerar la falta de recursos”, advirtió.
Una ley de emergencia carlcelaria
Se refirió de manera puntual a la participación de la diputada de la Concertación Forja, Gladis Cristaldo, y el legislador del Frente Grande, Daniel Trabalón, a fin de lograr en el ámbito legislativo “una ley de emergencia carcelaria siempre y cuando se destinen fondos para tratar el tema”. “El servicio penitenciario nos comunicó que están planeando crear dos módulos más, de 50 personas cada uno en Resistencia y también hay alcaidías como la de General San Martín por la que hay una sentencia firme de hábeas corpus para que se arregle la parte edilicia sí o sí y que todavía no se está cumpliendo”, repasó.
“Lo que quiero transmitir es que esta problemática tiene multicausalidades, por lo tanto tenemos que encontrar múltiples soluciones, la solución tiene que ser integral”.
