Diputados de Cambiemos encabezados por el vicepresidente segundo de la Cámara baja, Luis Petri, buscarán tratar antes de que finalice el período ordinario el proyecto de ley de “ficha limpia”, con el fin de evitar que caduque el dictamen.
La iniciativa consiste en que aquellos que estén condenadas por la Justicia en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.
El proyecto obtuvo dictamen favorable el pasado 6 de agosto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, pero nunca se trató en el recinto y corre riesgo de caducar el próximo 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias y caen todos los despachos.
“Es fundamental que quienes le robaron posibilidades y esperanzas al pueblo argentino queden lejos de las responsabilidades públicas y de los espacios donde debe reinar la transparencia que la República reclama”, dijo Petri a parlamentario.com.
El diputado explicó que “la iniciativa propone exigir a quienes nos representan similares condiciones que las que se exigen para ingresar en un empleo público o privado. Reclamar probidad y honestidad es indispensable para mejorar la calidad de la representación”.
En el mismo sentido, el radical Miguel Bazze -quien logró renovar su banca- señaló: “Debemos tratar y aprobar ahora en Diputados el proyecto de ley de ficha limpia. Avanzar decididamente contra la corrupción es un imperativo moral insoslayable”.
También se expresó sobre el tema la cordobesa Brenda Austin: “Seguimos insistiendo para que el Congreso trate de una vez los proyectos de ‘ficha limpia’. Ya vimos como perdió estado parlamentario en su momento. No queremos que pase de nuevo. Nos merecemos saber en una votación quienes están en contra”.
Desde el Pro, el mendocino Federico Zamarbide se unió al reclamo para destrabar la ley y “que los cargos electivos no sean refugio para delincuentes condenados”.
Uno de los principales promotores de la ley es el licenciado en Sistemas Gastón Marra, quien impulsó una petición en la plataforma Change.org, que ya reunió más de 300 mil firmas, las cuales serán entregadas a Petri la semana próxima.
También impulsan la norma la periodista Fanny Mandelbaum y el analista internacional Gustavo Segré.
Durante el debate en comisiones, se discutió el grado de la sentencia que impediría a una persona ser candidata.
Finalmente, se estableció que la prohibición “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Sin embargo, Petri observó que “ya la propia Ley Electoral establece que en el supuesto de delito de lesa humanidad alcanza con el procesamiento para imposibilitar que esa persona se presente como candidato”.
En el debate también hubo diferencias en torno a la posibilidad de incorporar una serie variada de delitos, o bien solo los delitos contra la administración pública, y fue la segunda opción la que prosperó en el dictamen.
En este punto, Petri consideró que “para los casos de delitos de corrupción, debe bastar la condena de primera instancia, y para el resto de los delitos condena en segunda instancia, para imposibilitar a esa persona a competir electoralmente”.
