Sancionaron la transferencia masiva de inmuebles para la Municipalidad de Resistencia

Sin debate, con la ausencia del “coquismo”, la abstención del justicialista Enrique Paredes y 18 votos a favor, el Parlamento chaqueño sancionó el proyecto de ley que impulsó parte de la bancada oficialista, y que autoriza al Ejecutivo a transferir de manera gratuita un listado de inmuebles y propiedades a la Municipalidad de Resistencia. Un importante paquete de propiedades de la zona Sur que será parte del Plan de Desarrollo Urbano Integral que impulsará Gustavo Martínez desde la Comuna capitalina.

Por mayoría simple, el Parlamento chaqueño sancionó, ni bien terminado los homenajes y sin debate de por medio, el proyecto de ley 4523 que autoriza al Ejecutivo a transferir a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Resistencia, tanto los inmuebles de su propiedad como aquellos en proceso de expropiación, ubicados dentro del ejido urbano de la comuna capitalina, un abultado listado de chacras, propiedades, proyectos de expropiación, expropiaciones, centros comunitarios, etc, de la zona Sur.

La iniciativa llevaba las firmas de Elida Cuesta (PJ), Juan José Bergia (NePAR); Andrea Charole (PJ), Marita Fonseca (PJ), Nadia García Amud (PJ), Ricardo Sánchez (PJ), Liliana Spoljaric (PJ) y María Elena Vargas (PJ).

Se abstuvo Enrique Paredes en la vitación y se ausentaron, para la votación, todos los legisladores que responden al próximo mantario Jorge Capitanich.

En su artículo segundo, dispone que las transferencias autorizadas en el artículo 1°, se efectuarán con cargo de que la Municipalidad de Resistencia desarrolle programas de mejoramientos barriales y desarrollo urbano, planes de vivienda, infraestructura de servicios, habilitación de parques y plazas públicas, unidades educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias, desarrollo de actividades deportivas y todo otro fin publico complementario para el desarrollo de la ciudad.

Además, también la Comuna condonará toda deuda que mantenga con la misma el Estado Provincial en su carácter de propietario de los inmuebles autorizados por esta ley.

También establece que el Municipio deberá subdividir los terrenos en lotes y realizar la respectiva redistribución parcelaria.

“La venta o cesión de lotes y la consiguiente regularización dominial de los inmuebles autorizados y que se efectúen en el marco de la presente, deberán realizarse mediante los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica Municipal y se garantizará el cumplimiento de los principios de los procedimientos administrativos vigentes, reza el artículo cuarto.
En tanto, los gastos que demande el cumplimiento de la ley también deberán ser absorbidos por el Municipio.

Mientras que, por intermedio de la Escribanía General de Gobierno o algún organismo vinculado, se adoptarán medidas para la tramitación necesaria y el otorgamiento de escrituras de dominio.

Transferencia masiva para un Plan de Desarrollo Urbano Integral

En los fundamentos, los diputados oficialistas sostienen que la ley tiene por objetivo la transferencia de bienes inmuebles que son propiedad de la provincia a la Municipalidad de Resistencia, a fin de dotarla de los terrenos necesarios para llevar adelante un Plan de Desarrollo Urbano Integral (PDUI). El fin de ese plan, según explica, es “prever el crecimiento ordenado, integrado y sostenible de la ciudad, manteniendo la gran reserva del área sur ambientalmente sustentable, generando una nueva centralidad respondiendo a la gran demanda habitacional y de servicios de manera integral”.

Los terrenos en cuestión son propiedad de la Provincia adquiridos al Ejército Argentino y que en la actualidad “no están afectadas a un uso específico, existiendo algunas viviendas o construcciones, hecho este que contribuye al progreso de la transferencia ya que no se estarían afectando capacidades de los inmuebles en cuestión”.

Los legisladores que firman, aseguraron en el poryecto, que la transferencia “redundará en un enorme beneficio para la Ciudad de Resistencia, contribuyendo a su desarrollo urbano planificado, ordenado y sustentable, garantizando el derecho de acceso a la vivienda digna de sus habitantes, impulsando y dinamizando su economía a través de la industria de la construcción y los servicios que de ella dependen”.

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