En la Argentina trabajan en la redacción de una nueva ley de cannabis que apunta al uso recreativo, basada en la reducción de daños y con un objetivo de máxima: quitarles al narcotráfico y sus aliados en las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial la regulación ilegal del mercado. Sus propulsores, unas 28 organizaciones de la sociedad civil, entre científicas, académicas, especializadas en salud mental y de Derechos Humanos, aseguran que por primera vez en la historia del país es posible una reforma profunda de las políticas de drogas.
El Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis para personas mayores de 18 años, lanzado en septiembre pasado al cumplirse tres décadas de la ley de drogas, plantea la despenalización, no de la sustancia, sino de la conducta como un “imperativo ético”. En otras palabras: no importa la sustancia que esté consumiendo la persona; en todo caso es su decisión y no puede criminalizarse.
“La idea es hacer una ley nueva basada en criterios de salud pública. Empleamos el término ‘uso adulto’, que podría ser un sinónimo de recreativo. No estamos para juzgar y decir lo que tenés que hacer con tu tiempo libre. El uso de la sustancia es privado. En ese sentido no es una ley de cannabis medicinal, aunque sí contemplamos que se puede hacer un uso terapéutico de la marihuana como, por ejemplo, para dormir o bajar un cambio”, explica Emilio Ruchansky, periodista y referente del Acuerdo
La propuesta de Regulación Legal del cannabis tiene cinco puntos en los que remarca que “debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales”, recomienda la aplicación de “restricciones similares a las vigentes para el tabaco” y expresa la necesidad urgente de “no criminalizar conductas asociadas al consumo”.
“Hablamos de regulación legal –continua Ruchansky– porque de hecho existe una regulación ilegal; un entramado entre narcos, policías y el Poder Judicial que en algún punto hace que todo siga sucediendo como hasta ahora. Matilde Bruera (la abogada penalista y diputada de Santa Fe) lo dice claro: ´La policía regula el narcotráfico a través del Poder Judicial´”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que participa del Acuerdo, destacan que “existe una persecución policial y penal muy fuerte a la marihuana, la sustancia de mayor consumo y la más fácil de detectar” y describen que “de esta persecución se nutre la gran mayoría de las detenciones de consumidores y las incautaciones que el gobierno nacional presenta como indicadores de éxito. Esta orientación contrasta con iniciativas que en distintas partes del mundo relativizan la nocividad del cannabis y promueven su regulación”.
Uruguay, en 2013, y Canadá, en 2018, regularon el mercado de cannabis como forma alternativa de disminuir el narcotráfico. En el caso norteamericano, no sólo se despenalizó el consumo recreativo de marihuana, sino también se indultó a los que habían sido sentenciados ante de la vigencia de la norma por posesión de hasta 30 gramos. Ambos ejemplos son “inspiradores” del modelo propuesto por el Acuerdo de Regulación Legal.
“Uruguay tiene tres millones de personas. Canadá es más parecido a nosotros. También miramos algunas cosas de Holanda, como el tema de la reducción de daños. Ellos demostraron que la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana sino el dealer. Regular el cannabis es una medida sanitaria porque evita que el usuario tome contacto con el mercado clandestino”, sostiene Ruchansky.
