La iniciativa – impulsada por el radical Alejandro Cacace – plantea la derogación de las jubilaciones y asignaciones de privilegio en la Argentina, con el objetivo de apuntalar el principio de igualdad y equidad en el sistema de jubilaciones y pensiones.
“Nuestra República se afirma en la idea de igualdad. Es lo que establece nuestra Constitución. Y por eso los funcionarios públicos, de los tres poderes del Estado, deben someterse al mismo régimen general jubilatorio de todos los ciudadanos, sin beneficios ni prerrogativas especiales” afirmó el diputado Alejandro Cacace (UCR), impulsor de este proyecto.
La presentación de este proyecto se da en el contexto de la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre pasado, donde se suspendió la movilidad a los jubilados que pertenecen al régimen general, pero no modifica el régimen de los privilegiados del sector público, cuyo ingreso, en la mayoría de las veces, es notoriamente mayor.
“Gozan de movilidad del 82% y el 85% y poseen condiciones más favorables a la del resto de los jubilados con beneficios comunes que en la práctica cobran aproximadamente el 40% del salario de un trabajador en actividad. Es por esto que planteamos la derogación de las jubilaciones y asignaciones especiales que están contempladas en las leyes 22.731 y 24.018”, explicó Cacace.
La iniciativa cuenta, además, con el aval de los diputados Ignacio Torres, Gustavo Menna, Lidia Ascarate, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Dina Rezinovsky, Claudia Najul y José Luis Riccardo, entre otros.
