Diputados de la mayoría de los bloques presentaron un proyecto de ley para coparticipar las retenciones a las exportaciones como se hiciera hasta 2018 con el fondo sojero, que giraba a las provincias el 30% de los derechos aduaneros de ese cereal.
Mauricio Macri la eliminó en agosto de ese año por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), como parte del programa de recortes fiscales comprometido con el Fondo Monetario Internacional.
El DNU fue rechazado por la oposición en comisión, pero no lo eliminaron el recinto y a cambio algunos gobernadores negociaron un nuevo paquete de obras públicas.
La diputada del Partido de la Justicia Social de Tucumán, Beatriz Ávila, que integra el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por el excéntrico mendocino José Luis Ramón y clave para aprobar las leyes de Alberto Fernández, presentó un proyecto que propone girar a las provincias el 20% de las retenciones de la soja, pero también de “maíz, carne vacuna y toda otra mercadería alcanzada” incluida en la última ley de emergencia económica. Sólo podrían gastarla en infraestructura.
Beatriz Ávila, diputada del Partido de la Justicia Social de Tucumán.
De llegar a un debate en comisiones, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no tardará en calcular su impacto fiscal, aunque bien podría compararlo con las planillas de obras públicas que se anexan al presupuesto y entran en el rubro de gastos de capital y no siempre son finalizadas.
El proyecto fue firmado por los miembros del bloque de Ávila, pero también por Carlos Selva del Frente de Todos, Gabriel Frizza, del PRO y el riojano Felipe Ávlarez, aliado de Juntos por el Cambio. “Estamos hablando con los que fueron intendentes para que acompañen y pueda tratarse en marzo”, confirmó Ávila a LPO.
Máximo Kirchner, jefe del bloque Todos, fue uno de los mayores detractores de la eliminación del fondo sojero, creado en 2009 después de la pelea de Cristina con el campo y aprovechado por los intendentes para hacer obra pública.
El proyecto lo presentó una diputada del bloque de Ramón, pero lo firmaron dos de Cambiemos y un oficialista. Las provincias perderían su parte si alguna vez la gastaran en gastos corrientes. Es que se distribuía mediante los porcentajes de coparticipación que le corresponden a cada provincia y luego cada una de ellas hacía lo propio con sus municipios.
La actual vicegobernadora Verónica Magario, por entonces intendente de La Matanza, fue a la bicameral de decretos a reclamar por la merma que significaba para su distrito la caída del fondo sojero.
“Hay que entender que este fondo fue un éxito para los municipios, con obras que mejoraron la calidad de vida en el norte del país: hospitales, escuelas y parques”, explicó a LPO Ávila, que hasta diciembre integró el bloque Cambiemos.
Su proyecto establece que al menos el 50% del fondo debe ser girado a los municipios, sea cual sea el sistema de coparticipación de las provincias, y que en ningún caso podrá tener otro destino que la infraestructura.
“Para evitarlo, proponemos un sistema de control y de sanción si algún intendente o gobernador usa el dinero para gastos corrientes”, aclaró Ávila. De ocurrir, según el proyecto, el Banco Nación frenaría los envíos y los intendentes se privarán de las obras públicas por esa maniobra.
