El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y otros funcionarios del Gobierno defendieron la iniciativa en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda.
Al iniciar el debate, Moroni explicó que el Gobierno no plantea “eliminar los sistemas de protección de jueces” porque comparte la idea de que son funcionarios que “cumplen una tarea especial” y que por lo tanto “deben tener derechos desiguales respecto al resto”.
Sin embargo, el ministro aclaró que lo que está en discusión es “cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo”.
“El sistema previsional ya no tolera más regímenes tan diferenciados porque vamos a tener problemas de financiación” del sistema general, advirtió ante una sala colmada en el anexo de la Cámara de Diputados.
Al respecto, Moroni señaló que le “parece bien” que jueces, fiscales y diplomáticos mantengan un régimen especial”, pero pidió replantear las características de esos sistemas diferenciados ya que necesariamente generan “tensiones” con el “resto de la masa de jubilados”.
“Se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos. De esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces”, reparó, luego de señalar que el Poder Judicial “tiene un déficit de caja, tomando la suma de aportes y contribuciones, de 9 mil y pico de millones de pesos”.
El funcionario resaltó, en este sentido, que estos sectores gozan de salarios muy superiores al promedio y que además tienen “aportes estables”, en contraposición a otros sectores que con aportes “intermitentes” que tienen dificultades en llegar a la cantidad de años requerida.
Los principales cambios
Los jueces, fiscales y representantes del Servicio Exterior de la Nación seguirán gozando de la tasa del 82% móvil para el cálculo del haber inicial, aunque se computará respecto al promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años y no en base al último recibo de sueldo.
La pretensión original del proyecto era llevar la edad jubilatoria a 65 años, pero finalmente el Gobierno cedió y mantendrá los 60 años en el caso de las mujeres, en tanto que para los hombre sí habrá un incremento a 65, aunque de forma escalonada.
Por su parte, el titular de ANSeS, Alejandro Vanoli, pidió considerar el “contexto de emergencia” en que se da esta discusión, y detalló que el promedio de haber jubilatorio de los 5.484 funcionarios del Poder Judicial beneficiarios del régimen especial es de 293.107 pesos, mientras que en el Servicio Exterior de la Nación los beneficiarios son 706 y el haber medio es de 335.934 pesos.
También recordó que el Estado deja de recaudar “421.000.000 de pesos mensuales” por la exención del impuesto a las Ganancias de jueces y otros funcionarios del Poder Judicial. “Hay que garantizar a futuro que el sistema sea sustentable y equitativo”, concluyó.
Juntos por el Cambio, por su parte, exigió incluir una “cláusula transitoria” para que aquellos funcionarios en edad jubilatoria que aún siguen trabajando puedan acogerse al régimen anterior, y de esa manera evitar un “éxodo judicial” que complique el funcionamiento de ese Poder del Estado.
Ante este pedido, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, contestó que “aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente”, y señaló que eso está especificado en el mensaje de elevación que acompaña al proyecto de ley.
“No se afectan los derechos adquiridos de ningunos de los funcionarios que están hoy en condiciones de adquirir ese beneficio, sea que se jubilen hoy o a los 75 años”, tranquilizó.
La cúpula legislativa de Juntos por el Cambio se reunía esta tarde para terminar de definir la postura que adoptará en relación al dictamen que buscaba aprobar el oficialismo para votar este jueves en el recinto de la Cámara baja.
