La oposición chaqueña quiere asumir un rol activo en la nominación para cubrir los cargos en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en la Defensoría del Pueblo del Chaco. En ese sentido, presentaron dos iniciativas parlamentarias para quitarle al Poder Ejecutivo y a la mayoría legislativa esa facultad, tal como sucede desde la creación de ambos organismos.
En la actualidad, la designación del Fiscal General de Investigaciones Administrativas se realiza a través del voto de las dos terceras partes de los miembros del Poder Legislativo, previo concurso público de antecedentes y oposición. En tanto, lo que pretende el proyecto firmado por los diputados Carim Peche, Livio Gutiérrez, Alejandro Aradas, Debora Cardozo, Leandro Zdero y Alicia Digiuni es que el nombre del Fiscal General sea propuesto por la oposición “con mayor cantidad de legisladores”. Es decir, actualmente esa potestad quedaría en manos del radicalismo, más allá de su actual división en cuatro bloques parlamentarios. El modelo es similar a la designación del titular de la Auditoría General de la Nación.
La Defensoría del Pueblo
En el caso del Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Adjunto, el proyecto plantea que serán propuestos por moción de uno o más legisladores representantes de los partidos políticos que integran las fuerzas de oposición y designados por el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, luego del concurso público de antecedentes.
