Con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, el Senado sancionó este viernes la denominada “ley de góndolas”, que busca frenar conductas monopólicas de las grandes marcas en las cadenas de supermercados. El proyecto fue aprobado al cabo de un debate de tres horas, a tan solo dos días de la apertura del período ordinario.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó la votación, senadores del interbloque advirtieron que a pesar de sus buenas intenciones, la ley será de difícil aplicación, y aclararon que ya existen herramientas legales para fomentar la competencia y evitar abusos de posición dominante.
Las abstenciones fueron de los radicales Martín Lousteau y Eduardo Costa; el macrista Martín Lousteau; y la neuquina Lucila Crexell.
De acuerdo con la flamante norma, una misma marca no podrá superar el 30% del espacio que comparte en la góndola con productos del mismo rubro. Además hay una segunda condición, que fue muy cuestionada por la oposición: en la góndola deberán tener presencia al menos cinco proveedores distintos.
También deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
Por otra parte, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas -los sectores más codiciados- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
Detalles de la ley
El proyecto aprobado contempla los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar. Los sujetos alcanzados son los supermercados, autoservicios de productos alimenticios o no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores-empacadores de productos perecederos y centros de compras.
Los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que estos productos se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
El proyecto establece que “queda prohibido generar una exclusión anti-competitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales”.
Los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. Asimismo, en la negociación contractual entre supermercados y proveedores no podrá oponerse como condición la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
La ley también crea un “Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista”, que deberá incluir las prácticas consideradas “abusivas” según esta norma y las leyes ya vigentes en la materia.
El debate
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (Frente de Todos) sostuvo que este es “un momento muy complejo del país” en el que el precio de los alimentos tiene un impacto muy fuerte en la economía familiar, y así es que “esta norma hoy nos conecta con una demanda real de usuarios, consumidores, las pymes y la gran mayoría del pueblo argentino”.
“En el caso de la compra de alimentos, siempre es muy preocupante la gran concentración que existe en muy pocas manos”, advirtió la correntina, quien por eso resaltó que la norma busca evitar “el ejercicio abusivo de las posiciones dominantes del mercado”.
En este sentido, Almirón señaló que entre un 74% y un 78% de los productos que se comercializan en Argentina “están en manos de las seis cadenas grandes de supermercados”, y consideró necesario regular el sistema estableciendo “reglas claras y justas”, para que “más productores puedan crecer y producir, y permitir acceder a productos más justos y más baratos”.
Por Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez sentenció que la ley “no servirá absolutamente para nada”. “En nuestro país muchas veces nos ponemos a inventar la rueda, y encima cuadrada”, ironizó, al señalar que “no existen antecedentes internacionales” sobre el tema; por el contrario, dijo, existen “las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa de los Consumidores, los principios constitucionales y todas las normas dictadas en consecuencia”.
Martínez apuntó a “la falta de entidad de esto de andar midiendo góndolas con un centímetro para hacerlo ley de la Nación”, y consideró que esto “pasa a un ridículo legislativo del cual es difícil volver, como de cualquier ridículo”.
El cordobés consideró que “asignar el espacio de una góndola de un supermercado no implica estar en capacidad de llenarlo, ni mucho menos de reponerlo, ni dejar un porcentaje para productos de economía locales y cooperativas, que hasta puede significar la consagración de espacios vacíos o muertos. Esto transforma a la norma en un declaracionismo”.
Por otra parte, consideró “inatendible” la exigencia de cinco proveedores para cada producto. “¿Y si no hay cinco proveedores? ¿O si las condiciones de compra y venta de cada producto no convencen ni al que vende ni al que compra?”, se preguntó.
El rionegrino Alberto Weretilneck apoyó la ley, pero aseveró que “no va a garantizar una transparencia y una mejora en los precios de los productos. Es una ley que se queda por la mitad, que abunda a lo que ya tenemos y que va a generar una innumerable cantidad de conflictos en su aplicación”.
“Esta semana en Viedma fui a hacer las compras a un reconocido supermercado alcanzado por esta ley, y recorrí cada uno de los sectores, fundamentalmente donde están los productos de las grandes empresas que decimos vamos a combatir con esta ley. Y llegué a la conclusión que lo que se propone es impracticable. Es imposible cumplir lo que dice el proyecto, en el sentido de que el 70% de la góndola tiene que estar destinado a cinco empresas distintas con sus productos. Imposible, los responsables de la reposición no lo podrán hacer”, enfatizó.
Weretilneck indicó que “se están generando muchas expectativas” cuando los únicos que podrán controlar el cumplimiento de la norma “son los inspectores municipales de comercio y bromatología”. “Nadie más tiene estructura ni personal para concretarlo. Además debe ser un control diario o semanal… ¿los intendentes dejarán de controlar la venta clandestina de bebidas alcohólicas y destinarán su escaso personal para controlar esta ley?”, se preguntó.
También Martín Lousteau (UCR) consideró que hoy ya existen herramientas para abordar el tema. Puntualizó que nunca se conformó “un tribunal de defensa de la competencia independiente” porque “en general el poder político no quiere tener un órgano independiente que pueda realizar investigaciones sobre los mercados y establecer sanciones”.
“Coincido con que las pymes y los productores regionales no tienen a nadie que los defienda frente a las grandes cadenas comerciales. Eso ocurre porque los instrumentos que ya tenemos no los usamos con la voluntad y seriedad con la que deberíamos”, aseveró Lousteau.
En nombre del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti respondió a las críticas y pidió “no banalizar esta ley” pensando que “el Poder Ejecutivo Nacional va a ir con la reglita por las góndolas”. “Estamos votando mucho más que eso. Estamos votando un ‘basta’ de financiarse con el trabajo de pequeños productores’; un ‘basta’ a que paguemos por los alimentos que nosotros mismos producimos precios que nada tienen que ver con el valor real; un ‘basta’ a manipular los stock para subir los precios de los productos básicos; un ‘basta’ a que los grandes oligopolios se queden con la tajada más grande del salario de los argentinos”, explicó.
