La adhesión a la Ley Brisa se logró a partir del tratamiento de tres iniciativas legislativas, una de ellas, de cabecera, de la diputada Susana Alonso (MC). Fue sancionada por unanimidad en general y, en su tratamiento en particular, se produjo una modificación que la hace aún más efectiva que la normativa nacional ya que ordena al Poder Judicial darle prioridad al proceso hasta resolver la causa en una sentencia firme, requerimiento central para que los infantes que son víctimas secundarias del femicidio puedan percibir, a través de quienes tienen su guarda, un resarcimiento económico equivalente a una jubilación mínima y una cobertura en salud hasta cumplir los 21 años.
Desde el bloque legislativo del Frente Grande, la diputada Tere Cubells recordó que el caso Brisa surgió como consecuencia del femicidio de su madre, ocurrido en 2014. Daiana Barrionuevo de 24 años fue asesinada a golpes por suex pareja Iván Rodríguez. Brisa era la hija más pequña, de 3 años.
Pero también Elias y Tobías, gemelos de 7 años, quedaron a cargo de su abuelo.
“Esto ocurrió en 2014 y la ley salió en 2018. Se pretende una reparación económica para las víctimas secundarias de los femicidios porque quedan en el desamparo absoluto. Un haber jubilatorio mínimo, con cobertura en salud hasta los 21 años”, rescató la diputada y recalcó que “esto tiene que ver con la violencia machista. Me parece importantísimo que esta ley exista pero que se cumpla. Es fundamental articular, trabajar en forma coordinada Provincia, Nación y municipio. Que el gobierno de un acompañamiento a estas familias”.
Desde el interbloque UCR, Livio Gutiérrez, recordó que también fueron coautores de uno de los proyectos acumulados al expediente. “La ley Brisa viene cubriendo a más de 3 mil niños en los últimos años. En mi ciudad (Charata) tenemos un caso donde la mamá fue asesinada en Santiago del Estero y el padre, detenido, terminó cobrando. Hay que bregar porque los mecanismos del estado estén a la altura de las circunstancias para que las tutelas salgan más rápido, todo ese trámite es muy complejo. Es necesaria la velocidad administrativa. Que sea inmediata la atención porque al drama familiar se suma el drama económico”, explicó.
Clara Pérez Otazú del Frente Integrador destacó que la normativa sea “una forma de promover la ley nacional de protección de niñas, niños y adolescentes”. Y coincidió con Gutiérrez en lo engorroso de la cuestión administrativa donde “también se ve reflejado la falta de capacitación en género de la Justicia”.
Desde el bloque Scalabrini Ortiz, Gladis Cristaldo habló del proyecto cabecera, el 3163/18, y reconoció el trabajo de Susana Alonso (MC). “No solo adhiere a la ley nacional sino que establece que el Ministerio de Desarrollo Social el que haga una campaña de promoción de la ley Brisa”, restacó.
El justicialista Roberto Acosta puso a consideración el agregado de un artículo, lo que finalmente modificó los proyectos originales. “Se requiere la sentencia firme y eso es tiempo que no pueden esperar niñas, niños y adolescentes”, dijo y dio lectura al nuevo articulado: “Que el Poder judicial dará prioridad en la atención a los expedientes judiciales referentes a la ley”.
Tras la votación, el radical Roy Nikisch, sentenció: “Es una vergüenza que tengamos que pedirle al Poder Judicial que se aboque a estos temas y otros de interés ciudadano”.
