La iniciativa legislativa, plantea la declaración de la Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social básica, en todo el ámbito de la provincia, agravada por la pandemia de coronavirus, por el término de dos años desde su sanción, plazo que podrá prorrogarse por igual término si subsistieran las causas que dieron origen a la declaración.
Crea el programa de soluciones habitacionales e infraestructura social, para población con precariedad habitacional y laboral, que abarcará cinco aspectos fundamentales, que se podrán desarrollar en forma sucesiva o simultánea: Regularización Dominial Urbana y Rural; Tendido de Infraestructura y Servicios Básicos como agua, electricidad, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales, veredas, cloacas, recolección de residuos y servicio de transporte público; Construcción de Soluciones Habitacionales con variantes de respuestas, que van desde las ampliaciones necesarias en viviendas rescatables, pero con hacinamiento o carente de servicios, construcciones básicas con diferentes superficie y nivel de completamiento, que brinden la base adecuada y punto de partida, para su ampliación y completamiento o completa desde el inicio; Equipamiento Social como Escuelas, Jardines de Infantes, Aéreas Verdes, Recreación, Capacitación Juvenil, Deportes y Refugios de Mujeres que sufren Violencia de género; generación de Centros de Producción de Elementos Constructivos, como ladrillerías, partes estructurales, carpinterías, herrerías, etc.; Insumos y provisión de agua para la producción primaria en zonas rurales.
La ejecución de dicho programa prevé la constitución de una Unidad Ejecutora que tendrá por funciones articular los recursos económicos, humanos, técnicos y productivos de cada uno de sus miembros, compatibles con los objetivos del mismo y la articulación y coordinación con organismos nacionales.
La misma estará integrada por el Ministerio de Infraestructura, de Gobierno y Trabajo, de Desarrollo Social, de Planificación y Economía, Industria y Empleo; el Instituto de Vivienda; la Secretaría de Economía Popular, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la Secretaría de Municipios, y la Comisión de Tierras, Regularización, Desarrollo del Hábitat y Vivienda de la Cámara de Diputados, pudiendo incorporarse otros ministerios y organismos.
Tiene previsto también un proceso de producción organizada que contemple aportes como provisión de insumos y herramientas para la construcción y pago de mano de obra, que implique un salario Mínimo Vital y Móvil, con posibilidad de articular los Planes Sociales que existieran como parte o la totalidad del mismo y el pago de Honorarios Profesionales.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Infraestructura y se creará también una Mesa Intersectorial, que articulará el trabajo de los organismos del Estado a través de la Unidad Ejecutora.
En sus fundamentos, el legislador del Partido del Trabajo y del Pueblo, Rodolfo Schwarzt, hace hincapié en que “la salud de un pueblo es el resultado de sus condiciones de vida y de trabajo. Aún en pandemias como la del Coronavirus que ataca a todos los sectores sociales, cuando la principal herramienta para combatirlo es el aislamiento, eso no se puede hacer en todos lados igual. Cuando las condiciones de vida son el hacinamiento familiar y social, la falta del agua para beber y producir, de caminos para no quedar aislados con las lluvias y la enorme pobreza; las condiciones para defenderse, no son las mismas y la exposición al contagio con menores defensas, generan una situación de gran vulnerabilidad y rapidez de contagio”.
