La iniciativa parlamentaria abarca el período desde la declaración del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) hasta que se pueda proceder al levantamiento del mismo, para que los beneficiarios de la norma puedan volver a la apertura de sus comercios y al normal desarrollo de su actividad.
También. el proyecto propone que, a través de los organismos de contralor, se verifiquen las boletas emitidas por las empresas SECHEEP y SAMEEP a los efectos de evitar abusos y/o perjuicios innecesarios a los comerciantes mencionados arriba que no se encuentran trabajando desde la aplicación del ASPO, ”a fin de evitar los abusos injustos e innecesarios a este sector en el marco de la difícil situación actual”.
El mismo está en concordancia con el Proyecto 546/20, donde se solicita la prórroga a los vencimientos de las facturas de luz de usuarios rurales que – en este marco de emergencia – ven seriamente afectadas su posibilidades de trabajar.
”Es importante subrayar que, cuando un comerciante independiente se ve obligado a dejar de realizar la actividad que lleva adelante y/o reducir y/o viéndose menguado y limitado en la misma dada la crisis sanitaria y económica que se vive, es un trabajador que se queda sin sustento y sin ingresos posibles, causando un gravitante desequilibrio económico, no solo para el comerciante sino también para sus empleados, viéndose ampliamente perjudicados en sus economías”, conceptualizó el diputado Bergia en sus fundamentos.
Insistiendo en destacar que, “estas son las medidas básicas para protegerlos y darles una contención en tiempos extremos y difíciles”.
