En la resolución, precisan que las fuerzas policiales de la Comisaría 3ra de Fontana, ingresaron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas, sin orden de allanamiento, mediante una secuencia de apremios ilegales, torturas y tratos crueles ejercidos contra los residentes de la misma, incluyendo delitos contra la integridad sexual.
En paralelo, resaltan que la irrupción constituye un claro caso de violencia institucional, que quedó evidenciado en el registro fílmico y fotográfico difundidos por las propias víctimas, sus vecinos y familiares, donde se constata que los agentes policiales irrumpen violentamente en la vivienda familiar, sin mediar orden judicial, ni brindando exposición de motivos de la intervención u otorgando información sobre los derechos y garantías que les asiste y procediendo a la detención de personas menores de edad.
Destacan que la denuncia radicada en sede policial por una de las vecinas hace constar que los efectivos policiales se dirigían constantemente con insultos racistas y otros humillantes adjetivos xenófobos por su pertenencia a la etnia Qom; y que en la ampliación de la misma presentación también se denuncian los abusos sexuales citados precedentemente y otras vejaciones producidas en la seccional luego de la aprehensión.
Además solicitan al Poder Ejecutivo, Judicial y al Ministerio de Seguridad y quienes tengan a cargo la investigación, realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el hecho con la mayor celeridad posible, garantizando el debido acceso a la justicia a las víctimas en especial grado de vulneración, colaborando a recuperar la confianza en las instituciones que deben garantizar la seguridad de la sociedad, y sancionando estas prácticas abusivas y conductas discriminatorias incompatibles con el normal desenvolvimiento de una sociedad pluralista y un estado de derecho con instituciones democráticas, máxime cuando el accionar de las fuerzas de seguridad debe ser en el estricto cumplimiento y respeto de la ley de Seguridad Pública.
Resolvieron también remitir copia de la presente resolución al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Ministerio de Seguridad y Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a la Fiscalía de Derechos Humanos, y a la Jefatura de la Policía de la Provincia del Chaco.
En los fundamentos que dieron origen a la resolución aprobada las coautoras señalan que “tampoco se debe para por alto que las detenidas denunciaron haber sufrido violencia sexual por parte del personal policial; y que por esta razón se dio intervención al equipo especializado de la Dirección de Violencias que, en conjunto con la Guardia de Derechos Humanos, los cuales concurrieron al domicilio de los damnificados donde se les tomó la denuncia formal, además de ponerse en contacto con la fiscalía en turno y la fiscalía especial en Derechos Humanos”.
“Ante este tipo de sucesos es nuestra responsabilidad como legisladores exigir la sanción de los responsables, el cumplimiento de la normativa vigente y el debido acceso a la justicia por parte de las víctimas como, asimismo, que los menores golpeados sean revisados por médicos y médicas y se realicen los informes y sumarios pertinentes”, indican.
Instaron, además, a la urgente separación del ejercicio de los agentes involucrados y su investigación sumaria para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes corresponda.
Las posturas en el Recinto
Al referirse al tema, el presidente de la comisión de Derechos Humanos Juan Carlos Ayala recordó los sucesos ocurridos el pasado domingo” se trata de una brutal represión de la policía de Fontana que irrumpió en una casa de hermanos, vecinos de la localidad, sin orden de allanamiento, sin derecho, en democracia”, cuestionó.
“El gobernador pidió perdón por estos hechos, organizo los foros, tratando de acompañar a los vecinos y muy alejado de todo lo que ha pasado, podemos dar antecedentes que han pasado en la provincia de avances sustanciales en materia de derechos Humanos, medidas de reparación histórica, la creación de comité contra la tortura, la instrumentación del defensor del pueblo, ley de seguridad publica en la fuerza de seguridad, la creación de Ministerio Público de la Defensa, La secretaria de derecho humanos con rango del ministerio, la dirección de salud de los pueblos indígenas, pero todo esto se borra con este accionar de la policía, con esta brutalidad de fontana”.
Desde el Frente Grande, la diputada Cubells, manifestó “el repudio y vergonzoso accionar de la Policía en coalición a los Derechos Humanos, y destaco la actuación de la secretaría de Derechos Humanos que solicitó que se aplique el manual de actuación de tarea de Estambul, previo apartamiento de los efectivos actuantes”.
Además, comentó que la Secretaría solicitó “el cese de la difusión de fotos y videos que continúan exponiendo los rostros en los medios de comunicación de quienes fueron víctimas de estos hechos y sobre todo que sea tomado desde el propio Estado con perspectiva de género e indigenista es importante tenerlo en cuenta, porque se va reformulando al cambio cultural que necesitamos para que no exista más violencia”.