Buscan declarar la emergencia de salas de teatro y centros culturales independientes

El bloque Scalabrini Ortiz impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia, por 120 días, en el territorio provincial, la actividad de salas de teatro y centros culturales de gestión privada o autogestionadas, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio declarado como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En la propuesta legislativa impulsada por la diputada Gladis Cristaldo, quedan comprendidos aquellos espacios cuya capacidad máxima no supere a las 300 personas y donde de manera habitual se lleven a cabo actividades de carácter educativo y/o formativo relacionadas con cualquier disciplina artística. También espacios de presentaciones de espectáculos en vivo de artes performáticas (música, actuación, danza, circo), y exposiciones o exhibiciones de artes visuales, diseño y audiovisuales.

Dispone del otorgamiento de un subsidio económico excepcional y único, de carácter provincial, destinado a contribuir en las necesidades básicos de subsistencia del grupo familiar de cada trabajador de salas de teatro y centros culturales de gestión privada o autogestionadas, que no cuente con un ingreso registrado por el término de la emergencia. Se trata de un monto que no deberá ser menos a $5.000, mensuales y con la retroactividad que determine el organismo de aplicación que, en este caso, sería el Instituto de Cultura de la provincia; organismo que deberá realizar un empadronameinto de las personas alcanzadas en el beneficio establecido.

También propone incluir en la nómina de los beneficiarios de la tarjeta alimentaria provincial a trabajadores de las salas de teatro y centro culturales, que no cuenten con un ingreso registrado y tengan como único ingreso el originado de esta actividad que realizan.

Faculta, a su vez, a las empresas prestatarias de servicios de agua y luz, a bonificar hasta un 50% del total de las facturas emitidas durante el plazo de la emergencia, a la vez que suspende el corte del suministro de los servicios de agua y luz por el plazo de ciento veinte días (120) de los edificios en los que funcionen.

Facultase al Instituto de Cultura a la compra y pago anticipado de funciones a realizar por parte de las salas y centros culturales beneficiarios, hasta en un 30% de la capacidad de público habilitado por cada uno.

También establece que el organismo deberá priorizar a estas instituciones a la hora de financiar proyectos a través de la Ley de Mecenazgo.

En sus fundamentos, la diputada Cristakldo sostiene que “muchos de estos espacios están al borde del cierre definitivo. Fueron los primeros en cerrar sus puertas y serán los últimos en abrirlas. Así, por ejemplo, la Sala 88, C.C. Galatea, La Máscara Teatro, Ce.Cu.po y Conexiones para la Creación de Resistencia, La fábrica Cultural de Tirol, Centro Cultural 10 de Noviembre de La Tigra, ES.CU.ChA/Sala Teatro El Galpón de Charata, Azul de las Breñas, Septiembre y LA USINA ESPACIO de Sáenz peña y La Estigia de San Bernardo hoy se encuentran atravesando una muy difícil situación”.

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