El Senado comenzó a analizar esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda pública emitida bajo legislación local en las mismas condiciones que la que se encuentra enmarcada bajo jurisdicción extranjera. El oficialismo pasó a la firma el dictamen, mientras desde Juntos por el Cambio pidieron realizar algunas modificaciones.
La comisión presidida por el oficialista Carlos Caserio se reunió por videoconferencia y escucha las exposiciones del secretario de Finanzas, Diego Bastourre; el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tossi; y el director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI, Sergio Chodos.
Bastourre afirmó que el proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación argentina, es “una oferta diseñada en sintonía con un contexto de equidad”.
“Una de las novedades de la propuesta es que se incorporan las opcionalidades para títulos públicos en pesos y hay un artículo que plantea que para aquellos acreedores que no desean participar vamos a diferir los pagos hasta 31 de diciembre de 2021”, explicó y dijo que desde Economía esperan que “la mayoría” de los acreedores “opte por el canje”.
“Esta propuesta es sostenible, sin entrar en tensiones pero entendiendo a la vez que hemos llegado al límite de la sostenibilidad. Continuar ‘mejorando la oferta’, como se suele decir, entra en contradicción con ese principio de oportunidad”, reflexionó Bastourre.
Desde la oposición, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, propuso la modificación de determinados artículos como en que menciona la cláusula RUFO con el objetivo de no desfavorecer a los tenedores locales de bonos frente a los acreedores extranjeros y pidió tiempo a la hora de firmar el dictamen para no tener que hacerlo en disidencia.
“Nos parece que este proyecto no es estrictamente necesario pero sí positivo desde el punto de vista de la autolimitación para tratar al tenedor local de la misma manera que va a tratar al inversor extranjero”, afirmó Lousteau, quien agregó: “Me genera un poco de duda la redacción de la cláusula RUFO y me parece que sería más claro si se redacta ‘desde la sanción de la presente’. También pienso que podría ser más protectora en los derechos de los tenedores locales”.
“Queremos aportar, coincidimos en que es muy importante que se le de el mismo tratamiento a la reprogramación interna que a la externa de la deuda. Quiero pedir si es factible que podamos hacer llegar esa propuesta de modificación”, advirtió a su turno el senador opositor Víctor Zimmermann.
En tanto, desde el oficialismo el titular del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans, se mostró dispuesto a incorporar las modificaciones propuestas por Juntos por el Cambio, pero indicó: “Este es un proyecto estratégico para la economía del país porque para comenzar con el tema presupuestario hay que arreglar el problemas de la deuda. Obviamente que no es un tema fácil. Este proyecto es sostenible en el tiempo y es lo que la Argentina puede cumplir. Nosotros queremos darle tratamiento inmediato”.
En el mismo sentido, Caserio explicó que los funcionarios nacionales llevarán la sugerencia de la oposición al Ministerio de Economía, pero propuso avanzar con el dictamen. “Nosotros vamos a firmar el dictamen pero asumimos el compromiso de incorporar la modificación el día de la sesión”, sugirió.
El proyecto, que consta de ocho artículos y una serie de anexos donde se detallan las características de los bonos a ser elegidos, propone que para el canje de deuda pública local se haga un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.
“Los tenedores de Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear dispuesta mediante el artículo 1° de esta ley, continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021”, señala el artículo 3 del anteproyecto.
En tanto, se estipula que los tenedores de bonos locales que no adhieran al canje podrán hacerlo más adelante, con la condición que sólo se le reconocerán los intereses devengados al 5 de abril de 2020.
