Con 14 votos afirmativos, y un fuerte debate en el Parlamento, se sancionó la ley que reglamenta la actividad rentada de personas condenadas privadas de libertad. 10 votos de la oposición fueron
En el Recinto, la diputada justicialista Liliana Spoljaric se refirió a los alcances de la iniciativa del Ejecutivo provincial, que apunta a la “reinserción social” de las personas privadas de libertad.
“Este proyecto busca capacitarlos en distintos oficios para lograr que sean autosustentables”, dijo.
Explicó de manera precisa que el proyecto contempla que “la remuneración no podrá ser menor al tercio de un salario mínimo vital y móvil”. Y en forma puntual, añadió que de la remuneración de quien es privado de libertad, podrá destinarse, “por la autoridad carcelaria”, hasta el 10% para atender sus gastos personales; hasta el 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; y hasta otro 30% para asistir al presupuesto de su familia si ésta lo pidiere y fuere necesario. Además, que “n porcentaje queda para cuando la persona sale y pueda ocuparlo para su emprendimiento”.
“Nosotros no somos jueces. Me parece un proyecto muy positivo porque estamos reinsertando a personas dentro de la sociedad”, añadió.
El radical Livio Gutiérrez aclaró: “Nuestro bloque no ha firmado este despacho, nosotros solicitamos el mantenimiento en cartera. Lo dijimos antes, acaban de reconocernos que el sueldo es superior para los detenidos es el de un salario mínimo vital y móvil”, dijo y añadió que es “un golpe para las familias de las chicas muertas, asesinadas hace días en Sáenz Peña”. “No me vengan con este tipo de prioridades cuando hemos dejado abandonada a la policía”, sostuvo el diputado y disparó: “La seguridad social de los honestos es lo que debemos trabajar acá, no de quienes violan y matan, de gente que está cubierta porque su comida y su salud la pagamos nosotros. Bajo ningún concepto vamos a acompañar esta ley. No podemos poner en pie de igual a la gente buena con la que no ha respetado la vida”.
El jefe de la bancada oficialista, Juan Manuel Pedrini, aclaró que “lo que se quiere con esta ley es que trabaje la persona porque es una forma de bajar la violencia intracarcelaria. Es la posibilidad que tiene una mujer o un hombre prisionero de lograr conocer un oficio”. “Uno de los graves problemas que tenemos con la delincuencia es la reincidencia. Se incrementaron la cantidad de personas detenidas. Si una persona privada de su libertad cumple la pena y vuelve y no tiene un oficio es muy factible que reincida”.
“Intentemos un cambio, intentemos la autosustentabilidad. Es una ley profundamente humanista. Los presos van a cobrar si trabajan, en ningún lado está que se les va a dar un sueldo, es falaz. Debemos tener una discusión racional sobre estas cuestiones”, expresó.
Su par de bloque, Nadia García Amud, manifestó que “el 65% de los delitos cometidos a nivel nacional, fueron cometidos por reincidentes”, cifras dadas a conocer este mismo año, y pidió “pensar legislaciones para todos, pensar en soluciones”, aportando al acompañamiento del proyecto.
Alejandro Aradas, en la misma línea que Gutiérrez, enumeró una serie de falencias en relación a la precarización de varios sectores como Salud Pública o la situación deficitaria del InSSSeP.
Su jefe de bancada, Carim Peche, tomó el mismo rumbo. Habló de una jubilación mínima de 16 mil por sobre más de 20 mil para personas que “violaron los derechos humanos”. “¿A quien le quieren hacer creer que nosotros estamos equivocados?”, disparó.
Desde el bloque Scalabrini Ortiz, también se manifestó Gladis Cristaldo, y aseguró, contra la oposición: “No se puede crear un discurso de odio y enfrentamiento en la sociedad. Lejos está de eso este proyecto. La cuestión fundamental tiene que ver con bajar la tasa de reincidencia, disminuir el delito”.
