En sesión ordinaria, el Parlamento chaqueño votó las tres leyes que impulsó el Ejecutivo provincial para aplicar reformas judiciales.
La primera de ellas, basada en una reforma integral al proceso de mediación, se sancionó con 15 votos, 12 permanencias en cartera de la bancada radical y el bloque CER y tres abstenciones.
Posteriormente, abordaron la ley que crea la Escuela Judicial en la órbita del Consejo de la Magistratura, con 16 votos afirmativos y 14 por la permanencia en cartera al despacho de mayoría puesto a consideración; mientras que el Frente Grande mantuvo su voto al despacho que firmó en minoría en la comisión de Legislación General.
En tercer lugar, y ante la ausencia de un vasto grupo de diputados, la iniciativa que promueve el juicio por jurados en el fuero civil y comercial, y la que modifica los del fuero penal, se aprobó por 17 votos; requería solo 9 dada la conformación de cuerpo.
En los tres casos sufrieron modificaciones en su tratamiento en particular, en una sesión donde primó un clima tenso entre oficialismo y oposición.
Mediaciones en el territorio chaqueño, para resolver conflictos
La justicialista Nadia García Amud obró de diputada informante a la hora del tratamiento de los tres proyectos de ley que encabezaron el temario acordado en labor parlamentaria y que llegaron al recinto con dictámenes de la comisión que preside, Legislación General.
El primero de ellos, el 1461/20, establece como método alternativo a la mediación para resolver conflictos
Y principios y garantías como la imparcialidad, la confidencialidad, la celeridad en el trámite, entre otros. Y también un Código de Ética para mediadores.
Podrá ser extrajudicial o jurisdiccional, voluntario, para facilitar a las partes a arribar a una solución. En el caso de ser extrajudicial, comunitaria o penitenciaria.
En los fundamentos del Ejecutivo, cabe mencionar, se considera a la reforma integral de la legislación en materia de mediación, “un beneficio para la desmonopolización de la justicia en materia de resolución de conflictos y que a su vez garantizará plenamente los principios fundamentales de la mediación como mecanismo alternativo…”.
La diputada Amud solicitó a sus pares el acompañamiento, “en el marco de esta iniciativa (que) sin duda alguna vendrá a traer innovación en todo lo que sea conflictos sociales. En la parte extrajudicial esta participación de la ciudadanía”.
Desde el radicalismo, Silvio Corradi, adelantó el voto de bloque por el mantenimiento en cartera. Entre los fundamentos, mencionó lo “conveniente” de mantener este mecanismo en la órbita del Poder Judicial y “no pasarlo al Ejecutivo”. Habló del despacho e hizo hincapié y dio lectura a los artículos 30, 31 y 32 del proyecto. “Hicimos todo un procedimiento para terminar en el Juzgado de Faltas cuando apuntábamos a la celeridad”, recalcó e insistió que no podría darse de esa forma.” Si no vamos a lograr uno de los objetivos principales que tiene la mediación, que es la celeridad, cuál es el objetivo”, observó. También dijo que el STJ “no emitió opinión”, cuestión que posteriormente refutaría el jefe de bancada justicialista Juan Manuel Pedrini.
“Es una ley que podría ser beneficiosa, pero para acelerar los trámites no encuentro cal es la lógica. Fue un año muy difícil y costó trabajarlo y lo entiendo. Pero creo que hay que tomarse un tiempo prudencial para sacar una ley que nos sirva en adelante”, concluyó.
Desde el NePAR, Juan José Bergia adelantó su voto en general y marcó cuestiones a trabajar en su articulado “cuestiones que están mal”, para las que propuso cambios precisos. “La iniciativa tiene la particularidad de fortalecer la figura del mediador”, destacó. Pero observó la actuación de mediadores de dos poderes diferentes, que luego “estén bajo las órdenes de un juez de Faltas”. Propuso, y luego se reformó en la votación general, que la mediación se llevará a cabo por un “equipo especial de negociadores del Ejecutivo, con instancia previa de juez de Faltas, un representante del movimiento social y uno del sector a quien se dirija la demanda”. De haber niños, la intervención también de la cartera social provincial.
Dejó en el aire la pregunta de si no se afecta, en razón de la adhesión, a las autonomías municipales.
Desde el Partido del Obrero, Aurelio Díaz, también adelantó su voto por el mantenimiento en cartera. Habló de un “representante del estado” por sobre la figura de un mediador. “Aplican medidas económicas y lógicamente se sale a la calle”, planteó. Propuso que también “el pueblo ponga a su mediador”, al igual que el Estado. “No pueden ser de un solo lado”, agregó.
La diputada García Amud aclaró algunos conceptos, como la cuestión planteada por Corradi sobre la falta de celeridad, o la falta de respuestas del STJ que sí recepcionaron en Comisión. “Como abogada y ciudadana entiendo que viene a mejorar y a aportar celeridad, a democratizar a incluir a los ciudadanos en la resolución de sus propios conflictos”, apuntó.
Rodolfo Schwartz, del Partido del Trabajador y del Pueblo, apeló a que se ponga en el centro de escena la resolución en función de dar solución al reclamo puntual que lleva cada sector a la calle, sea por comida, trabajo. “No creo que esta sea la forma de solucionarlo. Si el espíritu para abordar los conflictos es designar al sargento Olivello, hay que darle más tiempo a esta discusión. Si alguien va a ser juez y parte, que la otra parte también sea juez”, ponderó.
La postura del Frente Integrador, a través de la diputada Clara Pérez Otazú, fue mantenerlo en cartera. “Hay muchas facultades que se otorgan a los jueces de Paz y Faltas. Tenemos que resolver cuestiones que se tiene que mejorar y actualizar y me parece que no es el momento de aprobar una ley que requiere un análisis tan exhaustivo”.
El jefe de la bancada oficialista Juan Manuel Pedrini destacó el objetivo de desmonopilizar a la Justicia y defendió que el proyecto “genera espacios de diálogo interpersonales, amplía estos espacios, la mediación a mediación comunitaria y penitenciaria entre otras cuestiones”. Cuestionó a la oposición y refirió al trabajo sobre los proyectos, “una discusión amplísima”. “Hay que terminar con el elitismo, sé que hay una oposición muy cerrada que no quiere que cambie nada en esta provincia. Esto permite los niveles de violencia que hay en nuestras cárceles y sistema penitenciario. La mediación judicial es elitista y sesgada y está solamente en cinco ciudades. Estamos diciendo que los municipios con la asistencia del Poder Ejecutivo puedan tener voz”.
Refutó: “Dijeron que el STJ no está de acuerdo con esta ley. El STJ en una acordada manifestó su aceptación y conformidad. Mienten descaradamente. Es falso”. Y añadió: “Es compleja la situación con los movimientos sociales. Me tocó ser ministro de gobierno, ojalá hubiera tenido una ley así. No hay nada para un ministro o un intendente que se encuentre con un corte de calle. Esta ley mete una negociación absolutamente racional en el conflicto”.
El debate se extendió sobre las marcadas posturas por bancada. Se abstuvieron en la votación las diputadas del bloque CER, el radicalismo votó en cartera junto al Frente Integrador y el PO. El resto del Frente Chaqueño, lo hizo de manera afirmativa, al igual que el PRO.
Una escuela judicial en la órbita del Consejo de la Magistratura
El proyecto del Ejecutivo fue sancionado y crea la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura para la capacitación no solo jurídica sino también interdisciplinarios para formar aspirantes a la magistratura con visión de futuro, sobre ética, gerenciamiento y relación con la prensa.
Establece objetivos específicos para la institución, función, estructura de autoridades, roles, duración en cargos, entre cuestiones específicas a la casa de estudios.
Nuevamente, la diputada García Amud se refirió a su tratamiento en Comisión y observó que, “si bien se plantean algunas objeciones, hay dos despachos aprobatorios alternativos”, uno por la mayoría y otro en minoría de la diputada Tere Cubells del Frente Grande.
“La capacitación para los funcionarios y juristas es muy importante. Esta iniciativa fortalece la calidad de la justica y amplía y democratiza el acceso a estos cargos”, apuntó.
Desde el bloque CER, Elida Cuesta consideró la falta de debate sobre el proyecto en tratamiento. “Le falta la posición de muchos sectores, le falta discusión. Son muy importantes para tratarlos a libro cerrado”, dijo y pidió apertura “aún en esta época de pandemia”. Creo también que es inconstitucional por las competencias establecidas en el artículo 177 de la Constitución, del Consejo de la Magistratura. En ningún lado dice que una de las atribuciones es la de la capacitación 177”, afirmó.
Silvio Corradi, por el radicalismo, tomó la posición del Poder Judicial que dijo que coincide con el objeto del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), “tanto en su objeto como en sus destinatarios”.
Habló de la Escuela Judicial en funcionamiento. “El proyecto no vincula de manera alguna el sistema de concurso con los cursos que la Escuela brinda. Se crea en un ámbito que no tiene atribuciones constitucionales a tales fines. Pido su permanencia en cartera”.
Desde el NePAR, Juan José Bergia adelantó su acompañamiento. Habló de los alcances de la iniciativa y manifestó: “Nos parece imperiosos, a la altura de las circunstancias, brindar herramientas para paliar todo tipo de litigiosidad existente. Estamos convencidos que esto viene a fortalecer a mejorar el sistema judicial de la provincia del Chaco”.
La diputada Cubells, se refirío a la iniciativa impulsada por el Frente Grande en 2013, “en el marco de un conjunto de iniciativas destinadas a contribuir a la reforma judicial”, de los exdiputados Daniel Trabalón y Fabricio Bolatti. “Ellos manifestaban que el perfeccionamiento de magistrados hace al acceso a la justicia. Creemos que obedece a la falta de formación dada la permanencia en los cargos”, dijo y se explayó sobre el fundamento. Adelantó su acompañamiento al despacho que firmó en minoría.
El radical Livio Gutiérez habló del proyecto anterior y coincidió, en relación al que se encontraba en tratamiento, con Corradi y con Cuesta en que la iniciativa “choca” con la Constitución Nacional. “No los sentimos a estos proyectos como nuestros, no existió todo el debate. Tengamos cuidado con el reglamento que es muy claro. No solo en la votación sino en el impacto que puede tener esto en el Poder Judicial. Tengamos cuidado con lo que sancionamos”, advirtió.
La legisladora Pérez Otazú, se inclinó por la permanencia en cartera y dijo que al proyecto le faltan “ingredientes que humanicen”. “El CEJ hace mucho tiempo trabaja para capacitar a magistrados. Aprobar una ley con este tipo de debates, trabajar a las apresuradas. Tengamos cuidado con lo que aprobamos”.
La justicialista Jessica Ayala adelantó su acompañamiento a un proyecto que sufrió modificaciones y dijo que la iniciativa no alcanza solo a magistrados. “Esta ley iguala posibilidades de acceso. Necesitamos una permanente capacitación de quienes imparten justicia”, apuntó.
El jefe de bancada, Juan Manuel Pedrini también habló de un despacho con modificaciones al proyecto original. “Esto también es un proceso democratizador. Esta escuela judicial va a estar abierta también a abogados matriculados para concursar. Estamos democratizando el saber, llevando capacitación al interior, por eso se plantea la regionalización. No hay incompatibilidad con las funciones del Consejo porque no está prohibida”, aseguró.
Para la radical Carmen Delgado, se cometería “un grave error” de aprobarlo. “Hay que socializar, más estos temas que tiene que ver con beneficios a otro sector, se tiene que sentir parte”.
Por el bloque Scalabrini Ortiz, Gladis Cristaldo pidió que se incorpore el lenguaje inclusivo en la normativa.
El juicio por jurado llegará al fuero civil y comercial
Además de establecer el juicio por jurada en el fuero civil y el comercial, también votaron los diputados que quedaron ocupando sus bancas luego que un grupo de ellos se retirara del Recinto, no del edificio legislativo, la normativa que reformula la que establece el juicio por jurados en el fuero penal.
La ley que fue propuesta por el Ejecutivo establece principios de igualdad entre las partes, proporcionalidad e instrumentalidad, buena fe, lealtad procesal, oralidad, publicidad, dispositivo, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad, entre otros. En toda audiencia pública, salvo excepciones como las vinculadas a infantes. Esto, además de las obligaciones y garantías que se establecen para los juicios por jurados que ya se llevan a cabo en el fuero penal.
La ley fue votada por la mayoría del cuerpo presente. Previo a su tratamiento ya se habían levantado de sus bancas los diputados radicales, además del bloque CER, justicialista, que lidera Elida Cuesta.
Frente a la ausencia de la oposición, se disparó el mecanismo para la votación en general y los diputados presentes en sus bancas votaron. 16 votos afirmativos. En reiteradas oportunidades el presidente del Parlamento, Hugo Sager, llamó al resto de los legisladores a ocupar sus bancas y votar. Dentro del Recinto, la oposición reclamó el debate previo. Y una “reconsideración”.
Luego de un acalorado intercambio, el diputado Pedrini pidió la palabra y manifestó que “en una situación antidemocrática se retiraron y dejaron esta sesión. Luego vuelven cuando estábamos votando y ahora piden una reconsideración. Ahora son demócratas. La votación se realizó”. “Intentaron dejar sin quorum a este recinto, intentaron que hoy no sesione la Casa de la Democracia”, disparó.
Desde el CER, Cuesta, quien también se había retirado, rechazó las expresiones del presidente de la bancada oficialista. “Es un mecanismo el de retirarnos y dejar sin quórum porque manifestamos, yo personalmente manifesté al presidente del bloque del ‘gobierno popular’, que íbamos a votar en cartera”. “Queríamos un cuarto intermedio y queríamos conversar con la bancada oficialista para tratar de aprobarlo la semana que viene. Le pido al diputado que se retracte”, dijo en referencia a Pedrini y añadió: “No queríamos que caiga la sesión”.
Desde el NePAR, Bergia aclaró que en reiteradas oportunidades el Parlamento votó leyes en general y luego avanzó en el debate en particular. Y fue lo que finalmente ocurrió con la normativa que también sufrió modificaciones. De manera particular, una propuesta por Aurelio Díaz para, además del jurad que salga del pueblo, se incluya a representantes del Estado. Propuesta que fue aceptada por Pedrini en una de sus intervenciones.
