Los ediles avanzaron con el pedido de “nulidad e inconstitucionalidad” de dos ordenanzas, la que aprueba el Presupuesto 2021 para Resistencia y la Tributaria e Impositiva 2021. Además, realizaron una “denuncia penal” para que se investigue y resuelva la responsabilidad del titular del Concejo, Agustín Romero, así como del resto de autoridades, “en la posible participación en tres sesiones del cuerpo con infección activa de Covid-19, son las dos causas cuyo procedimiento dieron inicio desde cinco bancas de las once que componen el cuerpo de legisladoras y legisladores locales.
Nulidad del “Presupuesto 2021” y de la “Tributaria e Impositiva 2021”
Según dieron a conocer en un comunicado de prensa, el punto de partida fue el proyecto que envió el intendente Gustavo Martínez, “quien pretendía que el Concejo avale un aumento promedio del 45% para el año 2021 a regir apenas tres meses después de consolidar un incremento promedio del 80% para su primer año de gestión”.
Reseñaron que se impidió la sanción de la norma por la negativa de los concejales Teresa Celada, Carla Cantero, Alicia Frias, Carlos Salom y Fabricio Bolatti.
En esa sesión, según sostuvieron, cuando se puso a consideración y se expresaron los ediles, “primó la responsabilidad e institucionalidad en quienes cumplen el rol y deben garantizar el funcionamiento del Departamento Legislativo Municipal. El Presidente del Concejo, junto a la Secretaria legislativa, certificaron que el resultado de una votación de seis (6) votos a favor y cinco (5) en contra, no es suficiente voluntad para dar por aprobada una nueva ordenanza tributaria que incremente el aporte de los contribuyentes, lo que generó su pedido de reconsideración, y que permitamos su vuelta al temario y nueva evaluación a efectos de que podamos consensuar una norma que permita sostener el Estado Municipal, sin llegar a la irracionalidad”.
Señalaron que, sin embargo, en las sesiones del 29 y 30 de diciembre pasado, “los pasos del proceso legislativo no se llevaron a cabo dentro de la legalidad ni se respetó la Carta Orgánica de la ciudad”. Y marcaron las “irregularidades en la sanción de las ordenanzas 13.476 (Ppto. Gral. 2021) y 13.477 (prórroga tributaria), Sesión Especial del 30/12/20”
Sobre la prórroga de la Tributaria, mencionan que “se hizo aparecer un despacho de comisión de Hacienda y Presupuesto, sin que se haya convocado ni realizado reunión de comisión alguna, ni que sea avalado por todas y todos sus integrantes. Sin despacho no se podría haber tratado la iniciativa”.
Además, que “se obvió o esquivó el necesario paso de dar ingreso, reserva y habilitar el tratamiento del despacho “aparecido”, lo que requiere el voto de las dos terceras (2/3) partes de las y los concejales presentes”.
“En el caso de ambas ordenanzas se pasó directamente a la votación, sin permitir el uso previo de la palabra. Directamente se dio por aprobada y sancionada la ordenanza, para luego dar la palabra restringida a un solo edil, a quien intimaban a terminar, cuando el Reglamento establece en su artículo 95 que “cada uno de los integrantes hable tantas veces como crea conveniente hacerlo”.
En ambos casos se realizó sólo la votación en general, no cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento (art. 98 a 103), que define sancionada una norma, cuando finaliza el tratamiento y aprobación en particular, del último artículo (art 103).
“En ambos casos, el resultado de las votaciones no alcanzó la mayoría especial de votos, o procedimiento especial establecido al efecto, ya que tanto para la aprobación del Presupuesto Gral. como la Tributaria e Impositiva, requieren de la aprobación de las dos terceras partes del cuerpo (se requiere 8 votos y obtuvieron 6), o como lo establece la Carta Orgánica, por “doble lectura”.
“Finalmente, tampoco se realizó su tratamiento y aprobación en particular, impidiendo garantizar su análisis, debate y aprobación de cada uno de los artículos que tiene el proyecto, pudiendo modificarse o hacerse propuestas”, manifestaron.
Denuncia por supuesta presencia de un edil con covid-19
También los ediles presentaron una denuncia penal para que se investigue la veracidad de que se haya promovido la presencia de un edil con la desgraciada infección de covid-19, en las últimas sesiones del 22, 29 y 30 de diciembre, lo que pudo haber puesto en riesgo la salud de trabajadores, y en consecuencia sus familias, “lo que constituye un acto de irresponsabilidad que no podemos dejar pasar”.
