(*) Por Nicolás Slimel
Para hacer honor a su pretensión de fiscal de las redes sociales, el diputado Livio Gutiérrez resolvió atacar el acuerdo firmado entre Chaco y ANSES en 2020 para asegurar una transferencia de $1.400 millones que nos permitirá seguir financiando nuestras jubilaciones. El problema es que, confundido por sus propios vaivenes políticos (hoy es influencer, pero fue un feroz militante macrista hasta diciembre de 2019), salió con los tapones de punta contra una ley nacional que lleva la firma de Gabriela Michetti y Emilio Monzó: la 27.260. Así es, no la impulsó el chavismo, es una ley de Macri. Entendemos que la interna partidaria de la fuerza a la que pertenece puede exigir inmolaciones, pero no nos parece que las fake news sean el camino.
El sistema previsional argentino sufre crisis cíclicas tras su reforma en 1993 y los perjudicados siempre fueron nuestros adultos mayores. Ahora la situación es peor, porque durante los cuatro años de gobierno macrista no sólo cayó el 18 por ciento de poder adquisitivo de la jubilación mínima, sino que se hizo un drenaje criminal de los recursos de Anses: Macri inició su gestión con US$ 67 mil millones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y al imponerle papeles de deuda defaulteados de corto plazo del Tesoro nacional le hizo perder el 70 por ciento de su valor en dólares: sólo quedaron US$ 22 mil millones.
Los cómplices silenciosos que convalidaron esa timba hoy vuelven con la amenaza de la armonización, y lo más sorprendente es que lo hacen refutándose a sí mismos. En efecto, en 2016, cuando se sancionó la ley 27.260 contra la que hoy embiste, Livio Gutiérrez declaró: “Entendemos el déficit previsional y conocemos los aportes de la provincia desde la caja general para sostener el InSSSeP; la defensa del InSSSeP desde el punto de la Constitución va a ser irrestricta” y agregó: “Hoy de a poco el gobierno nacional quiere redistribuir dentro del programa de reparación histórica, pero el InSSSeP se queda en la provincia como lo entienden todos los diputados del bloque”.
Es decir que la ley macrista que crea el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” era buena en 2016, cuando gobernaba Macri y había que defenderla, y es mala ahora, cuando gobierna Alberto y nos toca invocarla para asegurar fondos para nuestros jubilados. La realidad es que el sistema previsional chaqueño está seguro desde 2009 gracias a la enmienda constitucional impulsada por el gobernador Jorge Capitanich: el Artículo 74 bis prohíbe la transferencia del InSSSeP, y no hay ley que vaya a cambiar eso.
Antes cansaba el “vienen por todo”, el “vamos camino a ser Venezuela”; ahora indigna. En 2019, sin pandemia y sin crisis de deuda, en el país quebraron 11 empresas por día hábil, igual que en el peor momento de la crisis 2001-2002. Dejaron a la Argentina en default con la inflación más alta de las últimas tres décadas, cerrando 2019 con 53,8%. Vaciaron los fondos de la Anses. Precarizaron a los trabajadores. Beneficiaron a sus amigos. No entendemos qué defiende Livio Gutiérrez, pero a juzgar por sus contradicciones, creemos que ni él lo sabe.
(*) Diputado justicialista
