En el marco de la tercera y última jornada de alegatos en el juicio oral por el caso más antiguo de abuso sexual en la infancia de la Argentina, los abogados defensores pidieron a los jueces de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia que declaren prescripta la acción penal de los delitos por los que se acusa a Noemí Alvarado de Pacce y, además, que se declaren nulas las pericias psicológicas realizadas a las dos denunciantes: Rosalía Alvarado y María Belén Duet.
En la causa se juzga a Alvarado como partícipe necesaria en el delito de abuso sexual deshonesto y como autora del delito de corrupción de menores.
La defensa técnica de la acusada estuvo representada por el actual presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y además director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi, y la ex jueza de Cámara, Lidia Lezcano de Urturi.
Vale recordar que el proceso comenzó a fines de mayo, y a lo largo de seis jornadas pasaron más de 15 testigos ante la Cámara Tercera en lo Criminal, que preside el juez Ernesto Azcona, acompañado por sus pares Virginia Ise y Natalia Kuray.
Las partes acusadoras habían solicitado que se condena a Alvarado a 15 años (querella participar de las víctimas) y 10 años (Fiscalía de Cámara) de prisión por los delitos imputados y que, teniendo en cuenta la edad avanzada de la mujer, sean cumplidas bajo la modalidad domiciliaria.
El caso
Las denunciantes son Rosalía Alvarado, sobrina de Pacce, y María Belén Duet, hija de una docente que trabajaba en el mismo colegio donde Alvarado era directora, quienes crearon la ONG Al fin justicia, que acompaña a personas que pasaron por situaciones de violencia sexual.
Los hechos juzgados tuvieron lugar durante la década del ’80, cuando las denunciantes tenían 5 y 3 años, y tuvieron como protagonistas a Noemí Alvarado y a su esposo, el exdiputado nacional, Daniel Pacce, quién falleció antes de llegar a la instancia de juicio. A partir de la aprobación de la ley de Respeto a los tiempos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual (Nº 27.206) en noviembre de 2015, recién 37 años después las denunciantes pudieron formular las denuncias en el año 2016 y, luego de cinco años, arribar a esta instancia de juicio oral.
