La abogada querellante que representa a las víctimas, Nahir Barud, solicitó una condena a catorce años de prisión para el exintendente de Colonia Benítez, César Falcón, por los abusos cometidos contra sus dos hijastras (M.E.D y L.Y.D) cuando éstas eran menores de edad. Fue durante la ronda de alegatos realizada el martes pasado en la sede de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Por su parte, el fiscal de Cámara, Martín Bogado, pidió una condena de nueve años contra el exjefe comunal. Luego de un alegato de casi dos horas, el abogado defensor de Falcón, Juan Carlos Saife, pidió la absolución de su defendido. La sentencia se dará a conocer en un plazo no superior a los quince días.
La última jornada del juicio oral se inició con la declaración de cuatro testigos propuestos a último momento por la defensa de Falcón, entre ellos el exdiputado provincial y presidente del PJ chaqueño, Rodolfo García. Luego, el juez que lleva adelante el juicio, Víctor Del Río, propuso a las partes pasar directamente a la ronda de alegatos.
Pedidos de condena
El fiscal de Cámara, Martín Bogado, sostuvo el hecho nuevo presentado durante el debate y solicitó la calificación penal de “abuso sexual simple, continuado, agravado por tratarse de menores de 18 años y la situación de convivencia preexistente”, en concurso real con “exhibiciones obscenas”. En ese contexto, solicitó una pena de nueve años de prisión efectiva para Falcón.
Por su parte, la abogada querellante Nahir Barud pidió una condena de catorce años de prisión para el exintendente de Colonia Benítez, siete años por los abusos cometidos contra cada una de sus hijastras. En ese sentido, pidió que sea considerado responsable por los delitos de “abuso sexual simple reiterado –por considerar que se trata de hechos independientes-, en concurso real con “exhibiciones obscenas, en concurso real -subsidiariamente en concurso ideal- con “corrupción de menores”.
La defensa pidió la absolución
En tanto, el alegato de la defensa de Falcón se basó en negar los hechos argumentando que habrían tenido lugar en horarios laborales del imputado y también en la descalificación de los informes de los equipos interdisciplinarios que dieron cuenta de las secuelas de los abusos en las víctimas.
