De esta manera, el equipo conformado por la fiscal Silvia Slusar y su ayudante César Hidalgo, realizaron las diligencias y procedimientos en la ciudad con carácter de “urgente”. Las órdenes de allanamiento fueron dictadas por la jueza de Garantías, Julieta Liva.
Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Equipo Fiscal de Elio Mari, para mantener la unidad de acción propia del Ministerio Público. También acompañaron los operativos la Dirección de Zona Interior de Charata y la División de Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña.
El caso
Según la versión policial, el sábado 26 de febrero pasado, alrededor de las 16:30, una mujer llamó al 911 denunciando que un hombre quería ingresar en forma ilegal a su vivienda. Al llegar los policías al lugar, el hombre escapó pero fue alcanzado y detenido a los pocos metros. Cuando era examinado por el médico legal, habría sufrido una descompensación y falleció mientras era trasladado de urgencia al Hospital “Dr. Enrique de Llamas” de la localidad de Charata, donde intentaron reanimarlo. Se trataba de Leandro Bravo, de 37 años.
Sin embargo, desde un primer momento sus familiares refutaron la versión oficial. “A mi hermano lo torturaron bajo custodia policial. Hay un hecho irrevocable: a Leo lo subieron a un patrullero y lo bajaron sin vida en el hospital”, denunció su hermana en las redes sociales. En ese contexto, reveló que en el año 2017 su hermano debió permanecer quince días en terapia intensiva “después de haberle pegado hasta romperle la cara y las costillas a patadas e incluso se negaron a darle la atención médica necesaria”. Ese hecho nunca se investigó.
A esa desconfianza de sus familiares debe sumarse el relato de una mujer que habría sido testigo del episodio. “Viene el policía, lo agarra así, y lo tira como si fuera un trapo al piso donde empieza a pegarle”, relató la testigo Romina Aguirre al periodista Miguel Escalante, del canal 5 Red Televisión y AM del NEA 1400 de la ciudad de Charata.
“La policía le estaba pegando a Leo, le pegó muchísimo en todas partes del cuerpo, en su cabeza, yo vi de cerquita como ellos le pegaron”, describió. Además, reveló que fueron tres los policías que intervinieron, en principio de la Comisaría Primera de Charata, pero luego se sumaron de la Segunda y del 911. “Lo pusieron boca abajo en el piso, lo esposaron y le empezaron a pegar. Le pegaron muchísimo”, insistió.
Al tomar conocimiento del hecho, desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se contactaron con la familia de la víctima y se constituyeron como querellantes en la causa. En ese contexto, el organismo pidió que la causa sea derivada a la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos Adjunta de Presidencia Roque Sáenz Peña y que se aplique el Protocolo de Minnesota para muertes potencialmente ilícitas, en este caso de una persona que se encontraba bajo custodia policial.
En paralelo, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco abrió una investigación administrativa y decidió suspender preventivamente a uno de los agentes que intervinieron en la detención de Bravo.
Por las pruebas recolectadas, el OCI consideró al caso como “un hecho de excepcional gravedad, violatorio de fundamentales Derechos Humanos por su naturaleza y situación especial” por encontrarse involucrados en la causa agentes policiales.
Fuente: Miguel Escalante, de canal 5 Red Televisión y AM del NEA 1400 de Charata
