“No sabemos cómo va a continuar este proceso”, sostuvo el asesor legal de la Cámara, Gustavo Larrea, quien remarcó que hay dos medidas cautelares, “dos instancias judiciales distintas”.
En cuanto a la promovida por la Cámara del Transporte y las empresas urbanas de Resistencia, recordó que hubo un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa, “que la transformó en medida autosatisfactiva suspendiendo el proceso” y que todavía no fue levantada “porque luego no existió ninguna resolución distinta que lo habilite”.
En cuanto a la segunda medida, fue promovida por todas las empresas interurbanas en la jornada de este jueves, “en virtud de la afectación en relación a los recorridos urbanos, sobre los pisos o permisos y los recorridos interurbanos. ante esa afectación, las empresas interurbanas promovieron un amparo. se hizo lugar a la cautelar y se notificó ayer al municipio de la necesidad de suspender el proceso”.
“Luego, el propio municipio emitió una resolución que, aparentemente, indica que continuará el 10 de agosto cuando en realidad hay dos medidas judiciales que indican que el proceso está suspendido”, aseguró.
“El proceso está suspendido por estas dos medidas y también por una resolución del Ejecutivo (municipal) que dice que continúa el 10 de agosto. Pero, en realidad, la suspensión del fallo judicial dice que se traba todo el proceso producto de esta situación”, afirmó.
“La verdad que estamos en una situación de incertidumbre total. Por un lado, las medidas que indican la suspensión y, por otro, una que promueve la continuidad que es una resolución que incluso incumple con las medidas judiciales”, sostuvo.
“Esto veníamos planteando desde la Cámara desde hace mucho tiempo. Hay una afectación concreta a los servicios interurbanos de jurisdicción provincial y hay también un incumplimiento muy claro de la Ley de la Región Metropolitana del Transporte, la 3105, la ley que indica que el proceso licitatorio tiene que realizarse en forma conjunta. es decir, con la integración de los cuatro municipios (Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas) y la integración del Ente Metropolitano del Transporte que es quien debió llevar el proceso de licitación en forma conjunta. Al no haberse puesto en práctica el cumplimiento de esa ley, también determinó que el juez convoque a la provincia para que se informe y, en todo caso, emitir otra resolución para que se cumpla con lo que dice la ley”, explicó.
“Es una ley que fue creada, inclusive, con la intervención del propio intendente municipal, que llevó adelante todo un proceso para que esta ley se haga efectiva y se sancione en el año 2019. Sin embargo, se obra en forma distinta a lo que indica la ley”, aseguro.
“Lo que pretendemos como empresarios es tener políticas claras de transporte. (…) El propio usuario no sabe qué hacer a veces, no tiene reglas claras en cuanto a políticas de transporte”, manifestó y remarcó que “se produjo una suerte de anarquía en el sistema de transporte urbano de pasajeros”.
