En declaraciones a CIUDAD TV, Alcalá reveló que “el señor gobernador me recibió en una audiencia que fue solicitada por la Defensoría General y el tema puntual fue la preocupación de esta Defensoría por la no puesta en funcionamiento de las Defensorías de Víctimas, de acuerdo a lo establecido en la ley 1096-J, pero principalmente por el acuerdo amistoso que suscribió la Argentina y la provincia del Chaco con la familia Encaje ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se iban a cumplir una serie de puntos que los hijos y los familiares de la señora Encaje habían propuesto para llegar a un acuerdo conciliatorio”.
“Uno de esos puntos, y creo que es el que pivotea todos los demás, era la creación de las Defensorías de Víctimas, y la preocupación nuestra es que a esta altura del año y pese a lo que se había establecido en la ley, que este año tenían que ser inauguradas en la Primera y Segunda circunscripción, no contamos con el presupuesto para ello, pese a que la Defensoría General lo solicitó específicamente ya en el presupuesto para el 2022”, precisó.
Alcalá aclaró que “no quisiera que esto trajera una responsabilidad internacional de nuevo para la Argentina”.
Otro de los temas abordados en el encuentro con el gobernador Capitanich, fue el proyecto 4926/19 del Superior Tribunal de Justicia para la creación de dos defensorías de ejecución penal, una para la Primera Circunscripción (Resistencia) y otra para la Segunda Circunscripción (Sáenz Peña), en la cual convergerían todas las otras de interior provincial. Este planteo está atado a la sobrepoblación y hacinamiento de las personas alojadas en las unidades de detención dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.
“El 98 por ciento de las personas condenadas, una vez que son condenadas pasan todas a la esfera de la defensa pública, porque en general los defensores particulares los abandonan en esa etapa del proceso”, describió la jefa del Ministerio Público de la Defensa. En ese sentido, lamentó que “con los pocos defensores penales que tenemos realmente no podemos cumplir como deberíamos en la etapa de ejecución de la pena”.
“Necesitamos recursos materiales y humanos”
Con respecto al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa para 2023, Alcalá refirió que “ya hemos elevado al Superior Tribunal la cuenta de gastos para la Defensa Pública y el señor gobernador me dijo que él está muy comprometido en no acrecentar los gastos por personal público”. Sin embargo, resaltó que “le hice ver que la Defensa desde un principio parte de una desigualdad estructural de años, porque nosotros no tenemos una estructura de cargos como la Judicatura y la Procuración, y desde que está en funcionamiento la Defensoría General se le ha dado un impulso tremendo a la defensa de los derechos humanos, ya sea en la parte civil o penal. Para poder sostener eso, necesitamos de recursos materiales y humanos”.
En ese contexto, la funcionaria recordó que la Defensa Pública “es el organismo que asegura el acceso a justicia de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, sea por falta de recursos económicos, por enfermedades, por la edad, por la etnia. Lo cierto es que estamos en muchísimos ámbitos y seguimos con lo mismo de hace veinte y pico de años, salvo las dos defensorías 8 y 9 que se pusieron en funcionamiento en Resistencia y las asesorías de todo el interior pero que fue en acompañamiento a los Juzgados de Familia”.
“Dentro de nuestra repartición no tenemos una estructura de cargos, ni un defensor ni un asesor tienen un secretario o un prosecretario, que son figuras que ayudarían muchísimo en la labor diaria”, insistió.
Alcalá graficó que “en Resistencia las defensorías civiles siempre explotan de la atención a las personas que carecen de recursos económicos, esta misma situación se da también en Misión Nuevo Pompeya, donde tenemos una sola defensora multifuero”.
