El director del Órgano de Control Interno de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi, se refirió a la detención de funcionarios del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad involucrados en delitos de narcotráfico, a partir de sendos allanamientos realizados en la madrugada del jueves en Juan José Castelli, Fuerte Esperanza, Barranqueras y en unidades del orden público, en el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N°1 con asiento en Resistencia. “Es una causa que tiene más de un año y, a la fecha, la magistrada interviniente, la Dra. Zunilda Niremperger, dispuso la aprehensión y detención de un ayudante Fiscal con asiento en Castelli y de un subcomisario que se desempeñaba como Jefe de Drogas de Nueva Pompeya, ambos alojados en el Escuadrón de Gendarmería de Sáenz Peña”, sostuvo en declaraciones para CIUDAD TV.
Comentó que, en virtud de las primeras medidas que se habían llevado adelante, y antes de que se proceda con la orden de detención del funcionario policial, el OCI inició un sumario administrativo a partir de las disposiciones del artículo 29 Inc. A del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, y se dispuso “notificar a todo el personal involucrado, hay varios empleados policiales que aparecen sindicados además del detenido”, sostuvo e informó que “hasta ahora son tres o cuatro empleados, sin perjuicios en que se pueda ampliar aún más según lo que surja”. Precisó que el subcomisario fue suspendido de sus funciones con retención de haberes y separado del servicio.
“Estamos a la espera de las resultas de cómo continúa la causa judicial, las medidas siguieron el día de ayer, pero no todas involucran al personal judicial, hay también civiles no vinculadas a la Fuerza ni al Poder Judicial involucradas en el proceso”, indicó.
“En el marco de la investigación administrativa disciplinaria que es independiente a la judicial, de encontrar transgresiones a concurso de faltas graves o gravísimas por agravante que es lo que prima facie ya surge por el grado de investigación penal en el fuero federal, una vez acabado el sumario administrativo es facultad del Gobernador proceder a la cesantía, aún sin que medie una condena penal”, explicó.
Apuntó que “la responsabilidad disciplinaria es autónoma e, independientemente de la responsabilidad penal, el funcionario o el empleado puede ser sobreseído o absuelto en la causa penal y, no obstante, ser cesanteado si se encuentran transgresiones a normas disciplinarias”.
Consultado sobre la gravedad de que un jefe de Drogas se encuentre involucrado en una organización dedicada al narcotráfico, Urturi aseguró: “Es terrible, es muy penoso. Lamentablemente, por ahí el actuar policial raya en la necesidad de la investigación en el contacto con el delito. Pero todo funcionario policial tiene que saber bien de qué lado se encuentra. Si esto se llegara a comprobar sería penoso. No obstante, hay que destacar que la Fuerza Policial tiene más de 7 mil empleados y que hechos como este deben ser investigados y sancionados para que quede claro cuál es la función de hacer cumplir la ley”, aseguró.
