El diputado del NePAR, Juan José Bergia, dialogó con CIUDAD TV sobre la reunión que encabezó el gobernador Jorge Capitanich con legisladores provinciales para encarar una agenda parlamentaria en el último tramo del año. Aseguró que el principal tema se centra en el proyecto del Presupuesto 2023 y sostuvo: “Nos hemos reunido ya con la mayoría de los organismos, debemos cotejar lo que ellos han solicitado y lo que el Ejecutivo incorporó en el Presupuesto. ya hemos atendido al 95% de los sectores y estamos a pocos días de tener un despacho positivo por el Presupuesto”.
“Todo lo que han solicitado los otros Poderes está contemplado en el Presupuesto y esto hay que remarcarlo”, aseveró y destacó la predisposición del ministro Santiago Pérez Pons, “para brindar la posibilidad de ir aclarando y va trabajando en conjunto con los demás Poderes del Estado”.
También el legislador se refirió al crédito de dos mil millones de pesos para las pymes. “Este proyecto ya tiene despacho en la Comisión de Hacienda, pero se necesitan los dos tercios”, sostuvo. Comentó que, en este punto, “el Gobernador planteó la necesidad de que se conforme una Comisión para contralor de estos dos mil millones de pesos, en la que la oposición esté incluida, porque le parece bien al Gobernador que esto tenga los dos tercios de la Legislatura. No es un crédito para apalancar el estado provincial sino para un sector de la sociedad que necesita esta plata para poder desarrollarse en estos tiempos tan difíciles”.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, tema puntilloso en el seno del Parlamento por las posturas divididas con respecto al decreto, fue otro de los temas abarcados en reunión. “Fui el vocero de esto por el bloque porque el decreto tiene contradicciones y cuestiones que hay revisar”, dijo.
“Se le explicó al Gobernador que un decreto no lo puede corregir y tiene cuatro vicios, a mi entender, administrativos que pueden ser atacados por nulidad. Un decreto no puede modificar una ley. Se aprueba un mapa que no salió de la mesa técnica. Se hicieron reuniones participativas sin respetar la reglamentación de los Tratados Internacionales sobre la participación indígena. Y no se dio intervención previa al Ministerio de Ambiente de Nación como lo indica la resolución 350 del año 2017 del COFEMA”, subrayó.
“Él planteó la necesidad de que se trabaje en un proyecto de ley y se le manifestó que habíamos conformado una comisión para poder analizar y corregir y lo vio de buena manera. Lo que queremos es trabajar en conjunto y buscar una salida que no sea atacada judicialmente por ningún sector”, amplió sobre lo charlado.
Añadió que en la Comisión se atendieron a cerca de 30 instituciones que plantearon su antagonismo con el decreto. “Esto marca a las claras que algo había fallado”.
Por último, señaló que se trató el veto de odontólogos y bioquímicos. “El Gobernador pidió la posibilidad de analizarlo en tres sesiones y se comprometió personalmente a trabajar en una salida que destrabe este conflicto que trae problemas a un sector importante de la sociedad. El rechazo del veto no marca cuestiones que ayuden a subsanar el problema”.