Gisela Gauna Wirz fue reelecta como defensora Pública Interamericana para el período 2022-2025 por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) a propuesta del Consejo Federal de Defensores y Asesores de la República Argentina, y su función es defender a las víctimas y presuntas víctimas en los casos que se encuentran en trámite ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tanto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
“Nuestra función es asistir a aquellas víctimas que litigan ante el sistema interamericano y que han llegado sin sus propios abogados. En general, se designa a un defensor del país demandado, para que pueda conocer toda la legislación interna, y a otro de afuera, que puede ser de cualquiera de los países que hayan ratificado la competencia de la Comisión Interamericana y/o de la Corte”, detalló.
Luego de cumplir una vacancia por un año, Gauna Wirz fue elegida para continuar por tres años como parte del cuerpo de defensores y defensoras públicas interamericanas y actualmente litiga en dos casos de Argentina ante la CIDH: “uno se trata de una supervisión de sentencia y el otro es el caso de un juez correntino que durante años ha litigado solo y ha logrado acceder desde la Comisión hasta la Corte Interamericana y ahora esperamos que se fije audiencia”.
“Hay mucha colaboración del Estado Argentino, por más de que cueste muchísimo cumplir con cierto tipos de sentencias, como la que llevo la revisión que tiene algunas indemnizaciones de hace más de 20 años”, explicó la defensora general y reconoció que, en general, es “bastante difícil que los Estados puedan realmente cumplir muchas de las sentencias de la Corte Interamericana”. En esa línea, mencionó el compromiso de solución amistosa en el marco del caso Encaje, suscripto por el Gobierno del Chaco y la CIDH.
“Es muy común que luego de la sentencia de la Corte IDH, se inicie otro proceso que es el de supervisión de la sentencia para asegurarnos de que el Estado efectivamente cumpla con lo ordenado. Sino, en definitiva, lo que ocurre es que los abogados vemos las sentencias maravillosas de la Corte, que las usamos después todos los días para citarlas como interpretación de los derechos, pero a la persona a la que beneficia en sí, le resulta inútil porque el Estado no cumple”, sostuvo.
Explicó que, en el caso de la Argentina, para llegar a esta instancia internacional hay que agotar todos los recursos internos, en principio: “El caso pasa el filtro del Superior Tribunal de Justicia, cuando se puede interponer un recurso extraordinario federal, se recurre a la Corte Suprema de la Nación y, si no ingresa el tratamiento, se habilitan las vías internacionales. No necesariamente y no en todos los casos, tienen que ser causas de flagrantes violaciones de derechos humanos”, aclaró.
