El Comité contra la Tortura lleva adelante una investigación en cárceles, con personas en contexto de encierro, como parte de la primera investigación de esas características en la provincia para contribuir a la preservación de derechos, a partir de la firma de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, y que estará dirigida por el experto en criminología y estudios de cárceles, referente en el país y en Latinoamérica, Máximo Sozzo.
Sobre esta iniciativa que ya se viene desarrollando en unidades penitenciarias del Chaco, dialogó Ariela Álvarez, miembro del Comité, quien en los estudios de CIUDAD TV comentó que la idea es analizar cómo es la vida en los contextos de encierro “porque entendemos que las cárceles o los lugares de privación de libertad tienen un objetivo de resocialización. Particularmente a mí y, en el marco del Comité, hablamos de inclusión y de restitución de derechos. Nosotros seguimos creyendo, más allá de que hay quienes creen que la cárcel como institución ha fracasado, en que tienen que ser lugares que brinden oportunidades y que la gente que transite esos espacios no vuelva a reincidir”.
En ese contexto, mencionó que Chaco tiene un porcentaje de reincidencia “relativamente bajo, de alrededor del 14%. Es una tendencia que no es común en otros lugares y tiene que ver con lo que acontece dentro de la cárcel”.
Entre tanto, el Comité y sus equipos técnicos se encuentran llevando adelante entrevistas con internos en las 11 cárceles con asiento en la provincia, de la órbita del servicio penitenciario. Posteriormente, se avanzará también con comisarías y también en la única unidad que aloja a adolescentes en contacto con el sistema penal.
“Lo que buscamos a través de este estudio que tiene un carácter científico, que es una entrevista estructurada, es poder dar cuenta a modo de fotografía, de un dato cierto y lo más preciso posible, de estos procesos que acontecen con la persona en relación a la pena: el tratamiento adentro, los vínculos, la violencia, la educación, el trabajo, la recreación, las visitas familiares”, comentó. “Todos estos aspectos que no son azarosos, sino que tienen que ver, si se dan de una manera u otra, en cómo se van a predisponer las condiciones para que se cumpla este supuesto rehabilitatorio y que no solamente sea un depósito de gente”.
Estiman que los primeros resultados estarán a mediados de 2023. La entrevista consta de unas 300 preguntas estructuradas. “Esto nos permite conocer de una manera precisa, ordenada y comparable. Vamos a tener datos de cada unidad y eso nos va a permitir mostrar esta fotografía con mayor precisión, pero también establecer niveles de comparación. Nos va a permitir ver cómo transitan la pena, por ejemplo, las personas que pertenecen a pueblos originarios, si es indiferente la presencia o no de intérpretes, la situación de mujeres en particular, de adultos jóvenes. Es un estudio completo, de los que no abundan y apostamos a que sea una buena base de diálogo. La realidad social nunca es objetiva, pero sí datos que nos permitan cierta precisión. por ejemplo, cuántas personas acceden a la educación”, sostuvo.
